El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León celebrado en la mañana de este jueves ha declarado de situación «excepcional» la campaña agrícola 2022-2023 en todo el territorio de Castilla y León, debido a los efectos adversos sufridos por las explotaciones agrarias de la Comunidad, tras las extremas condiciones climáticas de los últimos meses. Esta decisión se toma para poder adoptar medidas normativas y otras de apoyo al sector agrario de la región.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural determinará el alcance de las obligaciones y los criterios de admisibilidad de actuaciones de la propia Consejería y de las ayudas de la Política Agrícola Común, tanto con cargo al FEAGA como al FEADER, equiparando esta situación a las de «fuerza mayor o circunstancias excepcionales».
Además, desde la Junta de Castilla y León se acuerda declarar la urgencia para la adopción de medidas de apoyo al sector agrario, dirigidas a las explotaciones agrarias, con el fin de intentar paliar los efectos negativos de la sequía y también de las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania. Las medidas que se adopten podrán ser de diferente naturaleza, como por ejemplo, las destinadas a la bonificación total o parcial de intereses de los préstamos financieros y las destinadas a complementar las cantidades percibidas en concepto de indemnización por siniestros de sequía de seguros agrarios, entre otras.
Una medida que viene el mismo día en el que los agricultores y ganaderos de Castilla y León han salido a la calle para reclamar a las administraciones ayudas «directas» para paliar los daños del sector a causa de la «catastrófica» sequía. El campo ha remarcado que «se encuentra en la UVI» y cuantifican las pérdidas por este fenómeno en unos 2.000 millones de euros.
