CCOO y UGT alertan de la continuada instrumentalización política del operador público en las relaciones institucionales a nivel territorial por parte de su presidente Juan Manuel Serrano como elemento de marketing en su propio beneficio, ya que mientras alardea de implementar medidas para paliar la exclusión financiera y de servicios de la ciudadanía en el mundo rural en Castilla y León, cierra centros de reparto en Ávila (Barco de Ávila, Muñana, Las Navas del Marqués y El Tiemblo), en León (Mansilla de las Mulas), reduce las jornadas de oficina de tiempo completo a parcial en Salamanca (Fuentes de Oñoro, Ledesma) en Segovia (Villacastín y Sepúlveda), en Palencia (Dueñas, Osorno, Paredes), Valladolid (Simancas, Navas del Rey y Tudela de Duero), además de la supresión de 10 secciones de reparto, el cierre de las sucursales 7 y 8 de Valladolid y la retirada de una máquina de clasificación en el CTA de Valladolid, estos son solo algunos ejemplos de la reducción de servicios y el cierre de centros que han provocado la pérdida de puestos de trabajo y la falta de cobertura de las plantillas. La consecuencia de todos estos recortes es el deterioro del servicio y la calidad y se incumpla de forma flagrante la Ley Postal de reparto del correo 5 días a la semana.
Desde el inicio de actividad tras el periodo estival, ya han sido varias las reuniones del presidente de Correos con las delegaciones de Gobierno de diferentes territorios, para informarles de las líneas estratégicas de acercamiento de sus servicios a la ciudadanía. A juicio de CCOO y UGT es a todas luces una verdadera estrategia de utilización política de la empresa pública para su autobombo pasando por encima de las autoridades locales, que representan a la ciudadanía en esos territorios, en este caso de Castilla y León, de los responsables de la estructura territorial zonal de Correos y de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores/as en esta comunidad, que son los que mejor conocen de primera mano las necesidades que tiene la empresa y la población para prestar un servicio de calidad. La instrumentalización política del presidente de Correos, que según el color político de las instituciones de la comunidad que visita se reúne con las autoridades locales o con la delegación del Gobierno, es tan evidente que causa sonrojo en la empresa pública.
Para CCOO y UGT es necesario abordar la problemática del reto demográfico de forma urgente, y al mismo tiempo exigen la seriedad necesaria que requiere, por un lado realizando un análisis de las necesidades de la ciudadanía en entornos rurales, con cada vez menos recursos públicos a su alcance, para posteriormente establecer medidas estratégicas para hacerlas frente y sin duda, uno de los activos fundamentales en la estrategia de implementación de servicios de marcada necesidad para la ciudadanía debe ser Correos, por la capilaridad de su red postal y por su presencia en todo el territorio.
Los sindicatos hablan de hipocresía en el discurso de la dirección del operador, ya que mientras el presidente alardea de implementar medidas como la instalación de cajeros automáticos o la digitalización de un gran número de oficinas del mundo rural para que la ciudadanía tenga las mismas prestaciones que se dan en oficina urbanas, esa misma dirección es la que ha recortado la red postal pública como nunca antes se ha visto, suprimiendo más de 240 puntos postales de atención a la ciudadanía (oficinas, servicios rurales) y centros de reparto, llevándose por delante cientos de puestos de trabajo y haciendo que la calidad en la prestación del servicio se vea mermada drásticamente, llegando a incumplir la Directiva Postal que recoge el necesario reparto del correo cinco días a la semana en todo el territorio nacional, independientemente de que sean zonas urbanas o rurales de la España vaciada.