Los Presupuestos más altos de la historia de Castilla y León: 13.809 millones de euros y mayor reducción de impuestos a empresas y familias

La Junta de Castilla y León ha presentado este jueves los Presupuestos del año 2023 dotados con 13.809 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12’35% respecto a las de 2021. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2023, el más elevado de la historia autonómica. Las cuentas para el próximo ejercicio tienen como objetivo avanzar en la transformación de la economía para crecer y crear empleo estable; en la protección de las familias y empresas; y en la transición energética y digital de la economía, lo que repercutirá en el bienestar social de la Comunidad.

Los presupuestos de 2023 son eminentemente sociales y están enfocados en la continuidad de unos servicios públicos esenciales de calidad y adaptados al territorio. A ello se suma un firme compromiso con el mundo rural, la familia y la juventud, priorizando iniciativas de dinamización demográfica y de oportunidades de futuro para los jóvenes. Así, el 81% del presupuesto está orientado a mejorar las políticas sociales con apoyos específicos para fomentar la natalidad, promover la retención de talento y cuidar de las personas mayores de Castilla y León, lo que supone que ocho de cada diez euros se dedican a gasto social.

Además, las cuentas de 2023 incorporan la mayor reducción de impuestos a empresas y familias de Castilla y León, pues los beneficios fiscales para las familias, la juventud y los negocios aumentan cerca de un 60% respecto a 2021, que se traduce en un ahorro fiscal de 600’4 millones de euros. De esta manera se contribuye a reducir el impacto de la subida de precios y a impulsar la economía, en particular en el entorno rural. Asimismo, la Junta impulsará políticas de apoyo y beneficios ficales para las familias que alcanzan los 2.450 millones de euros. En concreto, a través de programas de respaldo se destinarán 1.867 millones, a los que se sumarán beneficios fiscales que llegarán 583 millones de euros.

El documento, que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno -junto al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 2023-, y que se remitirá mañana a las Cortes para su tramitación parlamentaria, mantiene una gestión responsable del endeudamiento, lo que permite liberar recursos para cubrir las necesidades de la ciudadanía. El escenario macroeconómico, en el que han sido elaborados estos presupuestos, muestra una moderación en el crecimiento, que pasa por conseguir que el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León se incremente un 1’6 %. Este escenario macroeconómico de la Comunidad ha sido considerado factible por la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y como tal lo avala.

El estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2023 revela que de los 12.267 millones de euros de ingresos no financieros -un 18’69% más que en el ejercicio 2021-, 8.136 millones de euros corresponden al modelo de financiación autonómica, cuantía que aumenta un 20’38 %. Por su parte, los Fondos Next Generation de la Unión Europea se incrementan un 62’35 %, hasta alcanzar los 1.985 millones, incluida la PAC, para promover la transformación de la economía de la Comunidad, asegurar la creación de empleo estable y de calidad, así como impulsar una economía competitiva, digital e innovadora. Asimismo, las transferencias del Estado bajan de 1.368 a 947 millones, es decir un 30’74%, debido a la desaparición del Fondo Covid.

Por otra parte, la recaudación por tributos propios aumenta un 17’82% que se traduce en 828 millones, a pesar de la importante bajada de impuestos impulsada por la Junta para el próximo ejercicio, que repercutirá en los ciudadanos de Castilla y León. En cuanto a la emisión de deuda, esta se reduce un 22’24 % en 2023, cumpliendo así el déficit de referencia regional fijado por el Estado para 2023, que baja del -0’8 % actual al -0’3 %.

El Gobierno autonómico, en su compromiso por avanzar en una política fiscal inteligente, moderada, justa y tendente a la bajada de impuestos, incluye en las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio unos beneficios fiscales para las familias, jóvenes y empresas de 600 millones de euros. Estos beneficios fiscales -que suponen un aumento del 59’21% respecto a 2021 y favorecerán a más de 478.000 contribuyentes de Castilla y León-, están dirigidos especialmente a apoyar a las familias, al acceso a la vivienda y al fomento al empleo. El importe medio del beneficio fiscal asciende a 1.254 euros.

Así, la bajada de impuestos reducirá la carga fiscal para las familias y empresas; incentivará el consumo y la inversión; y favorecerá el crecimiento económico y la creación de empleo. De igual forma, Castilla y León sigue siendo la Comunidad que ofrece las mejores ventajas fiscales para la natalidad y la familia, tiene el segundo tipo impositivo mínimo más bajo en el IRPF y se encuentra entre las Comunidades Autónomas con una fiscalidad más favorable para el medio rural. Entre las nuevas medidas fiscales previstas para 2023 se incluye una rebaja del tipo mínimo del IRPF del 5’3% para todos los contribuyentes, con un impacto estimado de 80 millones esta legislatura.

Asimismo, para apoyar al mundo rural, la Junta incrementará hasta el 40% la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de un hijo; reducirá el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen en el mundo rural fijándolo en un 2%, frente al general del 8%; bajará al 4% el impuesto de transmisiones en explotaciones agrarias para agricultores y ganaderos profesionales, frente al general del 8%; bonificará al 100% de la cuota del impuesto de Transmisiones para arrendamientos de fincas rústicas para apoyar la actividad agraria.

La política fiscal del gobierno autonómico para 2023 también contempla medidas para apoyar la permanencia de los jóvenes en el medio rural, como la mejora de la deducción autonómica en el IRPF para quienes adquieran su primera vivienda, elevando un 10% el valor máximo de adquisición hasta 150.000 euros y la base de la deducción hasta los 10.000 euros, para contrarrestar el incremento de precios y tipos de interés. Por otra parte, la Comunidad continúa con la congelación y supresión de tasas y precios públicos que, con carácter general, no se han actualizado desde 2014. A ello se suma la bonificación al 100% de las tasas de las licencias de caza y pesca, así como la exención temporal de la tasa por acreditación de competencias profesionales y de la tasa por expedición de certificados de profesionalidad.

De los 13.809 millones de euros del proyecto presupuestario, 12.470 corresponden a gasto no financiero y 1.339 millones de euros a operaciones financieras, es decir, la magnitud de referencia a la que deben ajustarse los programas de la Junta. En esta cuantía están incluidos los fondos de la PAC (924,4 millones de euros), los destinados a abonar los intereses de la deuda (1.469,3 millones) y los reservados para financiar a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (36,22 millones de euros).

Así, la cantidad que van a gestionar las consejerías en 2023 para ejecutar sus políticas asciende a 11.263 millones que es un 11’5% superior a la del último presupuesto aprobado. El análisis sobre el estado de gastos en el presupuesto elaborado para el ejercicio 2023 destaca por un incremento de las operaciones de capital del consolidado sector público que ascienden a 2.534 millones de euros, lo que supone aumentar un 55% las políticas para generar empleo.

El Presupuesto 2023 destaca por continuar trabajando por la prestación de los servicios públicos fundamentales como base prioritaria. Además de los equipamientos e infraestructuras necesarias para dar soporte a estos servicios, se contemplan desde la Junta apoyos específicos para fomentar la natalidad, promover la retención y captación del talento joven y continuar trabajando por la integración de los colectivos vulnerables y asegurar el cuidado de mayores y dependientes.

Así, la Consejería de Sanidad contará con 4.752 millones -un 8’9% más que en 2021-, para garantizar unos servicios de salud y la mejor calidad asistencial. Por su parte, la Consejería de Educación dispondrá de 2.614 millones, que es un 10’8% más, para seguir ofreciendo una enseñanza escolar y universitaria de excelencia, mientras que la de Familia e Igualdad de Oportunidades tendrá 1.263 millones, lo que supone un incremento del 16’7% para atender y prestar servicios a personas mayores y con discapacidad. Las tres áreas sociales del Gobierno de la Comunidad absorben el 87’57% del total de los gastos de personal con 4.111 millones, capítulo que cuenta con un total de 4.694 millones de euros, lo que supone un aumento del 11’39% respecto a 2021 y el 3 % de los gastos totales.

En este apartado, se incluye la congelación de los sueldos del presidente de la Junta, del vicepresidente y de todos los consejeros. Asimismo, se ha estimado una subida salarial para todos los empleados públicos conforme a la normativa básica estatal. Por su parte, se incrementan de forma moderada los gastos corrientes en bienes y servicios, hasta alcanzar los 1.947 millones de euros, esto es, el 14’10% de los gastos totales. Así, el 94’13% corresponde a los gastos corrientes en bienes y servicios en las áreas sociales, concretamente 1.832 millones, que se destinarán a gastos como el mantenimiento de hospitales y centros de salud, centros educativos públicos y residencias de la tercera edad, entre otros.

Transformar la economía regional para crecer y crear empleo estable y de calidad es otro de los ejes en torno a los que giran las cuentas de la Junta de Castilla y León para el próximo ejercicio. En este sentido se destinan 2.534 millones en operaciones de capital del consolidado sector público, para modernizar y seguir mejorando la economía de la Comunidad. Esta cifra supone que los gastos de capital aumentan un 55’39% respecto a 2021 Y esto es 903 millones más. Los mayores volúmenes de inversión se concentran en los sectores económicos, destacando las áreas de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Industria, Comercio y Empleo; y Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

En el proyecto de presupuestos aprobado hoy, el medio rural y quienes lo sustentan es otro de los ejes clave en el trabajo de la Junta. De esta manera se mantiene un compromiso con el sector agrícola y el desarrollo rural, con la priorización de iniciativas de dinamización demográfica y el apoyo de oportunidades de futuro para los jóvenes. Así, al sector agrario se destinan 1.491 millones de euros, incluyendo los 924 millones de la PAC. En concreto, a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se destinan 566’8 millones.

En el área de vivienda, se destinan 11’3 millones para el pago del 50% del alquiler a familias con escasos recursos; 4’8 millones para sufragar hasta el 75% del precio del alquiler de vivienda a jóvenes en el medio rural; 4 millones para la rehabilitación de viviendas en el medio rural destinadas al alquiler social; 2’4 millones para ayudas a la vivienda a personas vulnerables; y 33’4 millones para rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler de jóvenes. Estas medidas forman parte del trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que gestionará un montante que asciende a 512 millones.

Por otra parte, las cuentas para el próximo ejercicio son coherentes con el compromiso de reforzar la cooperación con el mundo local. Los recursos destinados al Plan de Cooperación Local suponen 472 millones de euros, lo que implica un incremento del 36% respecto a los presupuestos de 2021. La coordinación con las entidades locales le corresponde a la Consejería de la Presidencia, que contará con un presupuesto de 176’2 millones. Por su parte, a Cultura, Turismo y Deportes le corresponden 212 millones.