La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, sostuvo este lunes que «la decadencia y la corrupción del Partido Popular de Castilla y León no es un asunto de actualidad porque ya viene de décadas», y añadió que «el mayor juicio contra la corrupción de la Junta -con el caso de la Perla Negra y el Polígono de Portillo-, tratará de dilucidar la culpabilidad de altos cargos del Gobierno autonómico en una época en la que Mañueco ya estaba allí». Sánchez subrayó que el caso de la Perla Negra «es un símbolo de la impunidad en la que creía estar el PP» tras diez años de instrucción en la que comparecerán altos cargos de la Junta, decenas de testigos, técnicos, una exconsejera de Hacienda, e incluso, el que fuera presidente de la Junta en aquellos años, Juan Vicente Herrera.
Sobre el expresidente autonómico, la socialista Ana Sánchez ha centrado también hoy sus críticas apuntando que por aquel entonces «miró hacia otro lado» cuando le informaron del sobrecoste del edificio que adquirió la Consejería de Economía, al tiempo que también lamentó que «el PP no solo no hace propósito de enmienda, sino que usa sus sucias manos en toda aquella que toca», ha subrayado. Por otra parte, Ana Sánchez ha informado que el Grupo Socialista había solicitado la comparecencia del consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para dar las explicaciones sobre la «adjudicación de un contrato valorado en 15 millones de euros a la empresa Clave Mayor, S.A.«, publicada en el BOCyL el 13 de julio de 2023.
Según ha recordado la dirigente del PSOE autonómico, se trata de una empresa que tiene como director financiero a un investigado en el juicio de la Perla Negra que se sentará en breve en el banquillo de los acusados, Francisco Armero, quien fue director financiero de Gesturcal, empresa pública de la Junta de Castilla y León «que debía velar por el cumplimiento de las normas en la adjudicación de ayudas y subvenciones». Por su parte, la viceportavoz en las Cortes, Patricia Gómez, subrayó que en el juicio de la Perla negra, la Junta se vio obligada a personarse como acusación -junto a la Fiscalía y al PSOE-, pero que su acusación «fue la más laxa de todas». Gómez apuntó que el Gobierno autonómico «debía velar por los intereses de todos los castellanos y leoneses porque el dinero de la trama salía de las arcas de la Administración».
