El Gobierno de España recurrirá la proposición de la Ley de Concordia de los gobiernos de PP y Vox en Castilla y León así como en Aragón y la Comunitat Valenciana ya que considera que estas iniciativas son «contrarias a los valores que recoge la Ley de Memoria Democrática«. Tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León a través de un comunicado recogido por Valladolid Plural, los planteamientos en los respectivos gobiernos autonómicos serán objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, y el Gobierno elevará esta cuestión por «su gravedad» a las principales instancias europeas e internacionales.
Entre las acciones que el Ejecutivo nacional, formado por la coalición entre PSOE y Sumar, ha informado que llevará a cabo se encuentra el recurso ante Naciones Unidas, donde el Gobierno recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos. Asimismo, en el Parlamento Europeo se promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno de la institución europea para su debate y votación por parte del Grupo S&D.
Además, el Gobierno elevará las acciones al Consejo de Europa invocando la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Para ello promoverán actuaciones como un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox; informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento de la «gravedad de la situación»; solicitar la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.
