El Gobierno cree que Castilla y León ha acatado “formalmente” su requerimiento pero avisa que actuará si lleva a cabo el protocolo antiaborto

El Gobierno ha respondido al escrito enviado por la Junta de Castilla y León en relación con el requerimiento de incompetencia por actuaciones que, a su juicio, vulnera la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con un comunicado en el que expresan que el Gobierno autonómico ha acatado el requerimiento al no aplicar las medidas del protocolo.

A la vista de que el Gobierno de la Junta de Castilla y León declara en su escrito que “no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno” y que “tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente”, el Gobierno nacional considera que el ejecutivo autonómico “ha acatado formalmente” el requerimiento realizado por haberse abstenido esa comunidad autónoma de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España supone, según el Ejecutivo nacional una “rectificación oficial” de la intención inicialmente manifestada por el Gobierno de Castilla y León de proceder a lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores. No obstante, también este jueves, en la comparecencia tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del ejecutivo autonómico expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a embarazadas anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero — ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D— seguían adelante.

El portavoz reconoció que se trata de una “mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario” y que la nota de prensa que aún está publicada en la web oficial de la Junta tras el consejo de gobierno del 12 de enero “sigue vigente”. Es decir, que el Gobierno autonómico de Castilla y León mantiene su intención de “ir más allá” de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida.

El Gobierno de España reitera su “preocupación” por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León, que, en la misma jornada de ayer, apuntaban nuevamente a una “voluntad de vulnerar la legislación vigente” en materia de interrupción voluntaria del embarazo, circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España “va a tolerar ni consentir”.

Por ese motivo, el Gobierno, a través del Ministro de Presidencia, remitirá una carta al Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León en la que se le recordará nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a el orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica -como la Eco Doppler- fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica.

Asimismo, se trasladará al Ejecutivo autonómico que, si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, el Gobierno de Castilla y León materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno de España actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas. A estos efectos, el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas.