La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha alertado sobre el hallazgo de una loba muerta, presuntamente envenenada, en la provincia de Valladolid. Naturalistas vallisoletanos encontraron recientemente el cadáver de un ejemplar de lobo hembra en la comarca de Tierra de Medina, con «evidencias de muerte provocada por alguna persona». El hallazgo fue comunicado tanto al SEPRONA como a agentes medioambientales, y desde la asociación denuncian la «ausencia de protocolos eficaces para la recogida de lobos muertos» y el «absoluto desinterés» de la Junta de Castilla y León en la persecución de la caza ilegal.
ASCEL se mantiene a la espera de la información oficial del informe técnico-facultativo de necropsia, en caso de que el mismo confirme relación de la muerte con caza ilegal por un disparo o envenenamiento, «instamos a la Junta a la comunicación al SEPRONA o a presentar la correspondiente denuncia a la Fiscalía ambiental, con el objeto de investigar este presunto delito y dirimir cualquier responsabilidad penal, identificando a los autores de la muerte de la loba, dando por supuesto que la Junta no ampara a delincuentes».
En este sentido, desde ASCEL aprovechan para dar a conocer públicamente que la Junta carece de un «protocolo eficaz» para la recogida de cadáveres y realización de necropsias de especies protegidas en general, y del lobo en particular, a pesar de ser la ilegal la principal causa de mortalidad de esta especie en España, y de constituir un delito en toda Castilla y León desde septiembre de 2021. Tras revisar recientemente la información oficial actualizada facilitada por la Junta de Castilla y León sobre la mortalidad de lobo, «hemos podido comprobar retrasos hasta meses entre las actas de recogida de lobos muertos y las de ingreso en el CRAS de Valladolid, así como también la incomprensible demora en el tiempo, hasta de varios meses, desde el ingreso de los cadáveres hasta que se realizan las necropsias de los ejemplares».
Esta demora en los plazos demuestra, a su juicio, «la dejación y el nulo interés que parece tener el Ejecutivo de Mañueco en facilitar las investigaciones para depurar responsabilidades en lo relativo a la mortalidad ilegal de lobos. Todos estos hechos, lamentablemente normales y recurrentes en el actuar de la Junta, demuestran su nulo interés en perseguir la caza ilegal».
Por último, solicitan a la ciudadanía que comunique y denuncie ante las autoridades ambientales, todas aquellas acciones humanas que afectan a la conservación de especies protegidas, como los lobos, porque constituyen un delito. Y cualquier baja en la población de lobos, y más en hembras, es una pérdida irreparable porque se trata de una especie vulnerable, cuyo futuro a largo plazo depende de 600 adultos reproductores distribuidos en 300 grupos familiares en España, lo cual supone 1.200 ejemplares en toda España, que además, se encuentran en estado de conservación desfavorable, como recientemente ha dictaminado la Comisión Europea.
