El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y representantes de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León -entre ellos el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar-, han suscrito en el Centro e-LEA, un Protocolo General de Actuación para solucionar la depuración de las aguas en los núcleos con población inferior a 500 habitantes equivales. Se trata de determinar el esquema básico de colaboración entre la Comunidad y las diputaciones para facilitar el establecimiento de un marco estable de actuación a futuro, que garantice el cumplimiento de las exigencias normativas en materia de depuración de aguas residuales urbanas, en las localidades con población inferior a 500 habitantes equivalentes, ejecutando las infraestructuras precisas y garantizando su correcto mantenimiento y explotación.
Más de 1.000 localidades que, según las confederaciones hidrográficas, no tienen un vertido adecuado a la normativa europea y estatal vigente. Este programa medioambiental beneficiará a más de 250.000 personas y supondrá la movilización de inversiones en torno a los 125 millones de euros, de los que el 40% será aportado por la Junta, otro 40% por las diputaciones y el 20% restante por los ayuntamientos respectivos. El Gobierno autonómico ayudará a las administraciones locales que lo soliciten, financiando su aportación a 10 años en el caso de las diputaciones provinciales, y a 25 años en el caso de los ayuntamientos, con el objetivo de mitigar el esfuerzo presupuestario a las administraciones locales.
«Si bien se trata de una inversión similar al del tramo anterior, en torno a 125 millones, la ejecución abarca un número muchísimo mayor de infraestructuras, lo que exigirá multiplicar el esfuerzo de gestión y colaboración institucional entre todos los partícipes», precisó el consejero de Medio Ambiente. Al amparo de este protocolo se creará un grupo de trabajo técnico entre la Junta y las diputaciones para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias. Este grupo deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito, y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas y de acuerdo con los criterios establecidos.
La elección de cada sistema de depuración se basará en la experiencia acumulada por parte de los Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León en actuaciones proyectadas y ejecutadas en aglomeraciones similares en la Comunidad, así como en el Manual de Depuración de Pequeñas Localidades. Los sistemas de depuración propuestos perseguirán, además de la depuración correcta de las aguas y, consecuentemente, la conservación de los cauces receptores, que el coste de mantenimiento de las instalaciones sea mínimo y siempre asumible para los escasos recursos económicos de los que disponen las entidades locales. Como en el anterior programa de depuración de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, la Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacyl, en este tramo de menos de 500 habitantes equivalentes, también ejecutará las actuaciones y se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.
El consejero ha destacado que con este protocolo firmado este martes se trata de hacer una «apuesta por la modernización y la sostenibilidad; por la defensa y el respeto de los ecosistemas naturales, de la limpieza y riqueza de los ríos y la calidad de los acuíferos, y la calidad, en general, del medio ambiente, compatible con el progreso económico y social». Suárez-Quiñones ha señalado durante el acto celebrado en la localidad vallisoletana de Urueña, además, que «es un paso al frente en el compromiso con el mundo rural y el desarrollo de nuestros pueblos», a la vez que ha subrayado que es un «ejemplo de cómo administraciones de distintos ámbitos de actuación y de diferentes signos políticos alcanzan acuerdos para la prestación de servicios básicos con el fin de potenciar el desarrollo poblacional e industrial en el medio rural y en beneficio de las personas de Castilla y León».
