Diferentes organizaciones en defensa de la movilidad sostenible de Valladolid han presentado las sugerencias respecto a la consulta planteada por el Ayuntamiento, previa a la posible derogación de la ordenanza que regula determinados carriles bici y bus-taxi. Las organizaciones vallisoletanas -entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, la Federación de AMPAs de Valladolid, la Federación de Vecinos Antonio Machado o Greenpeace-, consideran un «retroceso» para la ciudad la derogación de dicha ordenanza, que tendría efectos «negativos» para el transporte público, así como para el necesario desarrollo de modos de movilidad alternativos y no contaminantes, y la calidad del aire de la ciudad, con «graves» efectos sobre la salud de las personas.
«No podemos olvidar que son entre 200 y 300 las muertes al año ocasionadas por la contaminación del aire en Valladolid, según el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y el Instituto de Salud Global de Barcelona», recuerdan. «La ciudad necesita menos coches, no más carriles. Hay que modificar el modelo de movilidad imperante, basado en el uso del vehículo privado, por otro más sostenible y saludable, que ponga el foco en el transporte público y los medios de transporte no contaminantes, como los desplazamientos a pie -mayoritarios en nuestra ciudad-, bicicleta y vehículos de movilidad personal», apostillan desde las entidades vallisoletanas.
Los 11 kilómetros de carril bus-taxi y los 25 kilómetros de carril bici cuya eliminación pretende llevar a cabo el nuevo equipo de Gobierno, se habilitaron tras el confinamiento, en julio de 2020, con el fin de mejorar la calidad ambiental. Dichas actuaciones se encuentran acogidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, en el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Valladolid, aprobado por el Gobierno de Puente en el Pleno del 30 de noviembre de 2021, y en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la ciudad, aprobado por el Ayuntamiento en el Pleno del 2 de marzo de 2022, que incluye una zona de bajas emisiones cuya regulación está pendiente de su Ordenanza específica.
El documento informativo que acompaña la consulta pública se limita a una «página de vaguedades que no cumplimenta siquiera formalmente los requisitos del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de reglamentos». Para las asociaciones en defensa de la movilidad sostenible, «no se concretan cuáles son los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, ni la necesidad y oportunidad de su aprobación, ni las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Ni siquiera se formulan los objetivos de la norma, más allá de permitir nuevas orientaciones de movilidad en el ámbito contemplado por la misma».
Por todo ello, apuntan que la derogación de la ordenanza supondría «un paso atrás» en el cambio de modelo que plantean. «El incremento del espacio destinado al vehículo privado tiene un efecto llamada para este tipo de desplazamientos, y afecta negativamente al atractivo del transporte público, al aumentar los tiempos de recorrido, y a los desplazamientos en bicicleta y VMP, más inseguros al tener que compartir espacio con el resto de vehículos». «La movilidad motorizada ocasiona una parte mayoritaria de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, y es la principal responsable de los niveles de contaminación atmosférica a los que se halla expuesta la población de Valladolid», sostienen.
Las diferentes asociaciones defienden que la ciudad del Pisuerga «no necesita» suprimir carriles bus-taxi ni carriles bici, sino todo lo contrario, y creen que el futuro de la movilidad pasa por aumentar «sustancialmente» los espacios reservados a la circulación de peatones, ciclistas y transporte público. «La derogación dificulta la implantación de caminos escolares seguros, que fomentan una vida saludable y la recuperación de la autonomía por parte de la infancia, que les ha sido arrebatada por la presión del coche en las ciudades. En caso de que la derogación del Plan de Movilidad trajera consigo mayor facilidad para la circulación del automóvil en los entornos escolares, se impediría el avance en estos programas»
También preocupa a las organizaciones la posible pérdida de los fondos europeos concedidos por el MITMA para la mejora de la movilidad ciclista, la implantación del proyecto de Zonas de Bajas Emisiones y las actuaciones complementarias a la ZBE, que podría suponer la exigencia de devolución de más de 6 millones de euros ya concedidos, con un «grave daño a las arcas municipales». Por todo lo expuesto, las organizaciones convocantes solicitan al equipo de Gobierno de PP y Vox que «reconsidere su propuesta, y se comprometa con la lucha contra el cambio climático y por la mejora de la calidad del aire en Valladolid».
