La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso, y el diputado de Servicio Sociales de la Diputación de Valladolid, David Esteban, han visitado la nueva vivienda destinada a alquiler social en la localidad vallisoletana de Brahojos de Medina. La actuación se ha ejecutado entre los meses de noviembre y mayo y ha contado con un presupuesto de 51.980 euros, entre los 48.363 euros del contrato de adjudicación y los 3.617 de honorarios facultativos. Además, el Ayuntamiento de Brahojos de Medina ha asumido las actuaciones de equipamiento y electrodomésticos de la cocina, con un presupuesto de 2.808 euros.
El edificio se encuentra en la calle Carpio, es de tipología adosada y cuenta con una superficie de 62 metros cuadrados. La vivienda carecía de sistema de calefacción, no cumplía con las superficies mínimas de habitabilidad, ni se encontraba en condiciones de ser habitada. Las obras de restauración para su puesta en uso como vivienda de alquiler social han incluido la sustitución de la teja de la cubierta; la demolición y ejecución de tabiques nuevos; sustitución de carpinterías; ejecución de un SATE para aislar la vivienda; instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad y calefacción nuevas y ejecución de pavimentos, revestimientos y acabados.
El programa ‘Rehabitare’ tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de la comunidad y fijar población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Su finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección relacionados en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, particularmente de los jóvenes.
Este programa de rehabilitación de viviendas sirve para recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los citados colectivos de especial protección. Además, también se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.
Tras la experiencia piloto en Palencia en 2009 en el que se rehabilitaron 17 viviendas en cinco municipios con una inversión total de 985.342 euros, se extendió en 2016 a todas las provincias de la comunidad.
