El Grupo Provincial Toma la Palabra presentará este viernes una proposición para la mejora del servicio de secretario municipal que la Diputación de Valladolid presta de forma directa a los ayuntamientos de la provincia. Marcos Díez Peñas, portavoz del Grupo Provincial Toma la Palabra, lleva esta propuesta al amparo de lo dispuesto en el art. 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, al Pleno corporativo que se celebrará el viernes 30 de septiembre.
La Diputación de Valladolid anunció en 2021 una nueva relación de puestos de trabajo en su Área de Cooperación a Municipios para asumir las tareas de secretario municipal en aquellos municipios donde no había secretario y, por tanto, no se estaba prestando el servicio. «Una noticia que parecía servir para aliviar la precaria situación de muchos pequeños pueblos de la provincia que no contaban con este servicio tan imprescindible», asegura Marcos Díez.
Sin embargo, en diciembre de 2021 la Diputación de Valladolid anunció el fin de la subvención para pagar el 60% de la retribución de los secretarios de los municipios eximidos de la provincia que sí que contaban con un secretario en acumulación de horas. De este modo, varios de los nueve municipios de menos de 100 habitantes que sí contaban con un secretario municipal, dejaron de tenerlo y pasaron a depender del Área de Cooperación a Municipios. Para Toma la Palabra, «esta decisión de la Diputación de Valladolid ha provocado diversos y continuados problemas a los municipios afectados por dicha decisión».
Actualmente, la Diputación de Valladolid «no permite a los trabajadores del servicio de cooperación a municipios que prestan el servicio de secretaría asistir a los ayuntamientos donde ejercen dicha función. Esta prohibición influye negativamente en el servicio que se presta a los municipios. Los secretarios no conocen los municipios donde realizan su función, lo que dificulta su trabajo a la hora de realizar cualquier gestión urbanística, como los planes provinciales», explican.
Del mismo modo que los municipios cuentan con un arquitecto de Diputación que de forma itinerante va por los ayuntamientos, los secretarios de Diputación tienen que conocer los municipios donde ejercen su función para poder realizarla correctamente. Por otro lado, «la falta de asistencia de dichos secretarios a los municipios hace que no tengan acceso a la documentación que únicamente se encuentra en los pueblos y tenga que ser trasladada del Ayuntamiento a la Diputación», critica Díez.
Una manera de trabajar «muy ineficiente» que obliga a los alcaldes y concejales de pequeños municipios, sin dedicación ni remuneración de su cargo, a tener que llevar ellos mismos la documentación a la Diputación y les deja sin la posibilidad de trabajar con dicha documentación en su ayuntamiento. Además, está práctica de trasladar los documentos es contraria a la Ley Orgánica de Protección de Datos, exponen desde Toma La Palabra.
Del mismo modo, la no asistencia de los secretarios a los plenos municipales dificulta la participación de los vecinos del municipio en el pleno y, por lo tanto, reduce la transparencia de la labor municipal. En definitiva, este modelo de gestión que ha implantado la Diputación de Valladolid en su labor de secretario municipal, a juicio de Marcos Díez, provoca un «descenso de la calidad democrática de la política municipal y reduce la autonomía local de los municipios pues dificulta la participación de los vecinos en el pleno, limita la labor de gobierno de los alcaldes y concejales y provoca un descenso en la calidad de la gestión municipal que a quien perjudica es a los vecinos y vecinas del municipio».
