La Policía Nacional ha desarrollado en el marco de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, la operación ‘Aladin’ que se ha saldado con cinco detenidos. La investigación, iniciada en agosto del pasado año en Valladolid, se centró en una red criminal formada por cinco integrantes con vínculos familiares, los cuales habrían creado un entramado de empresas que se sucedían en el tiempo. La operativa empleada resultaba ser que al constituir e inscribir una empresa nueva se aseguraban de disponer certificados negativos de descubiertos ante la Seguridad Social, lo que les permitía seguir siendo contratados por sus clientes. Una vez generada la deuda en la empresa que en cada momento prestaba formalmente los servicios agrarios, procedían a tramitar la baja de esa empresa y tramitar el alta de una nueva, con un nuevo titular sin deudas pendientes con la Seguridad Social, en la que se daban de alta a los mismos trabajadores incluyendo incluso a los anteriores titulares de las empresas.
Las indagaciones permitieron constatar que en los periodos en que los integrantes del grupo no figuraban como empresarios, se encontraban en diversas ocasiones prestando servicios como trabajadores por cuenta ajena en las empresas que conforman el entramado. A través de gestiones operativas de investigación, se detectaron un total de cinco empresas, las cuales se constituyeron con el fin de defraudar y aumentar exponencialmente el lucro personal de los miembros del entramado, ahora desarticulado. Todos ellos se dedicaban a la intermediación agraria, es decir, proporcionaban a los agricultores mano de obra para trabajar en el campo para realizar labores tales como vendimia, recogida de patata o poda en seco. Los trabajadores eran seleccionados y dados de alta en la Seguridad Social por la empresa intermediaria, quien al finalizar los servicios emitía una factura al agricultor, su cliente. Si bien, las obligaciones de cuotas por disponer de empleados no eran cubiertas acumulando así una deuda importante mes a mes.
Su modus operandi consistía en la creación de una empresa a nombre de uno de los miembros del grupo donde contrataban trabajadores y facturaban a clientes, aumentando así la deuda con Seguridad Social ya que no se cubrían las cuotas establecidas por las contrataciones. En el momento de comenzar a recibir requerimientos de pago o tener que realizar nuevos contratos con clientes que exigían el certificado de estar al corriente de pago con Seguridad Social sería el momento en que otro miembro del grupo entraría en juego, creando una nueva empresa a su nombre, con idéntica actividad, mismos trabajadores y clientes, pero al tratarse de una empresa de nueva creación, esta estaría limpia de deuda con la Seguridad Social, es decir dispondría del certificado de estar al corriente de pago para ser presentado a sus clientes, y poder continuar con la actividad. Los agricultores que contrataban sus servicios eran conocedores de la responsabilidad subsidiaria en la que podrían incurrir en caso de contratar a intermediarios con deudas pendientes.
El entramado criminal desarticulado habría desarrollado su actividad empleando este modus durante más de cuatro años. Todos ellos ya habían sido titulares de empresas unipersonales y por lo tanto a su propio nombre figuraba una deuda sin cubrir con Seguridad Social a excepción de la última integrante que se inscribió como empresaria individual del Régimen General de la Seguridad Social en el mes de julio del año pasado por la actividad de apoyo a la agricultura. Del mismo modo el entramado de empresas investigado ha dado ocupación de manera reiterada a trabajadores sin autorización de residencia y trabajo en España, recurriendo también a la utilización de mecanismos fraudulentos en la filiación e identificación de trabajadores en las actuaciones inspectoras, aportando identidades fraudulentas con el ánimo de hacer pasar a sus trabajadores sin papeles por empleados con autorización de residencia y trabajo en España.
La organización operaba principalmente en la provincia de Valladolid, aunque en ocasiones expandieron su actividad a otras provincias limítrofes como Segovia. Los descubiertos de cuotas de la Seguridad Social del conjunto de empresas ascienden a más de 2250.000 euros, al margen de otras cantidades debidas en concepto de deudas también generadas por los titulares de las empresas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, sanciones propuestas por infracciones a normas en materia de Seguridad Social y desempleo e infracciones en materia de extranjería, y de los 120.000 euros por una sanción de obstrucción a la labor inspectora al no identificar a un total de 29 trabajadores extranjeros.
