Mañueco mantiene que el protocolo para embarazadas no obligará “a nada” y culpa al Gobierno de Sánchez de “utilizar” a las mujeres

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tenido que salir al paso por la polémica del Plan pro natalidad anunciado por el vicepresidente autonómico hace unos días y por el requerimiento que ha comunicado el Gobierno de España por dichas medidas sanitarias. Mañueco ha negado en una comparecencia institucional celebrada este lunes que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas y ha aclarado que no se obligará “a nada” a médicos o mujeres, ya que serán estas las que decidirán “libremente” si quieren hacer uso de estos nuevos servicios.

El presidente autonómico ha garantizado que lo que sí va a hacer la Junta de Castilla y León es mejorar las prestaciones a las mujeres embarazadas. “Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada, no se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni el protocolo de Castilla y León”, ha señalado. Además, Mañueco ha mostrado su “estupefacción” ante el requerimiento del Gobierno de la nación para dar marcha atrás en las medidas anunciadas, un documento que según el Gobierno autonómico aún no ha recibido.

En este sentido, Fernández Mañueco ha aprovechado su declaración institucional para asegurar que a su juicio, este anuncio por parte del Gobierno de Sánchez intenta sacar un “rédito político” del asunto, lo que ha considerado “lamentable”. Por ello, el presidente ha reclamado al Ejecutivo nacional que deje de hacer política con las mujeres y le ha exigido que se centre “cuanto antes” en modificar la “chapuza” de la polémica Ley del ‘Solo Sí es Sí’. No obstante, el presidente de la Junta ha insistido en que, además, con las medidas anunciadas por su Gobierno no se actualiza “en ningún caso” el protocolo de atención a las mujeres que son sometidas a una interrupción voluntaria del embarazo y que siempre se tendrá en cuenta en la Comunidad la voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico.

“No se obligará a las mujeres embarazadas a nada, serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar, según su criterio clínico -ha explicado Fernández Mañueco-, tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada, y por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar”.

Para terminar de zanjar la polémica de estos últimos días, el presidente de la Junta de Castilla y León ha insistido en que “ni el Gobierno que presido ha contemplado obligar a los profesionales sanitarios a ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni el Gobierno que presido va a aceptar que el Gobierno de España utilice a las mujeres para hacer oposición a la Junta de Castilla y León”. Por último, Mañueco defendió que el “único” objetivo del Gobierno autonómico con este paquete de medidas sanitarias no es otro que “ayudar” a las mujeres embarazadas que, según ha lamentado, han sido “utilizadas de manera interesada” por el Gobierno de Pedro Sánchez.