El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado este lunes en Zamora el acto de presentación de la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León, donde ha destacado la confianza que existe por parte de todas las Administraciones Públicas hacia la «esencial labor» realizada por este órgano y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad. Un desempeño que se refleja en un «mejor control» de calidad de las decisiones que toman los poderes públicos. Se trata, a su juicio, «de una labor eficaz, reconocida también por los castellanos y leoneses por su cercanía y rapidez, y que queda perfectamente reflejada en esta Memoria de 2023, que incluye todos sus dictámenes, estudios, informes y resoluciones jurídicamente fundados, objetivos e independientes».
El presidente de la Junta de Castilla y León ha remarcado la seguridad que genera el Tribunal Administrativo entre los contratantes por ser una garantía prejudicial que ofrece alternativas rápidas y gratuitas a los litigios en contratación pública, que tan solo el pasado año alcanzaron los 1.580 millones de euros. Finalmente, Alfonso Fernández Mañueco ha hecho hincapié en que el 96% de las decisiones administrativas que se adoptan en Castilla y León coinciden con los dictámenes y opiniones del Consejo Consultivo, lo que pone de manifiesto la «calidad» de los profesionales que integran este órgano. Y también, que apenas sean recurridas una de cada diez resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
En la actividad que realiza el Consejo Consultivo de Castilla y León se puede comprobar la triple función que desarrollan los altos órganos consultivos como garantizar la labor que realizan los poderes públicos, al asegurar que adopten las soluciones más correctas y ajustadas al ordenamiento jurídico; ejercer un control preventivo interno que facilite o incluso haga innecesaria la actuación de otros controles, sobre todo el judicial; y también, derivada de las anteriores, perfeccionar la función desarrollada por los representantes políticos y de la administración.
