Los consejeros de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, y de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, junto a la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, han visitado este lunes 13 de febrero en Valladolid las obras de modernización y adaptación del edificio administrativo de la antigua sede de la Agencia Tributaria, que el Gobierno autonómico está acometiendo desde el pasado mes de septiembre. El objetivo es concentrar en el mismo inmueble diversos servicios, que actualmente se prestan en distintas ubicaciones, y facilitar el acceso de los ciudadanos en condiciones de calidad.
Este centro administrativo autonómico podrá alcanzar una ocupación aproximada de 300 trabajadores en un edificio nuevo totalmente accesible y equipado con las últimas tecnologías. La Junta de Castilla y León afronta esta rehabilitación integral para destinar el edificio a uso administrativo general para agrupar organismos y unidades funcionales dispersas, aprovechando su céntrica ubicación y las necesidades de la Administración Autonómica. Con esta rehabilitación se conseguirá habilitar un edificio público que se integra perfectamente en el entono del centro urbano, reutilizar un inmueble emblemático y reactivar económicamente el centro de la ciudad. Así, se contribuirá a dinamizar la actividad comercial, hostelera y de otros servicios, a la vez que se favorecerá la capacidad y el atractivo de la zona, aprovechando más las oportunidades y generando otras.
Las obras, que se iniciaron el pasado mes de septiembre, tienen un plazo de ejecución, desde esa fecha, de 30 meses. Tras la redacción y aprobación del proyecto, se licitó la ejecución de la obra en 2022, que fue adjudicada mediante Orden de 12 de agosto a la empresa Constructora San José S.A. por un importe de 14.081.980 euros. La obra contará con 6 millones de euros de financiación de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través del Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).
La intervención arquitectónica que se está desarrollando afecta a reconocimientos globales y refuerzos puntuales de la estructura; reacondicionamiento de espacios administrativos interiores; dotación de instalaciones y equipamientos tecnológicamente avanzados; eficiencia y eficacia energética; y mejora de las condiciones de aislamiento térmico y acústico de cerramiento exteriores, entre otras. El reto es que el edificio terminado y ocupado pueda ser calificado como ‘avanzado’ en términos tanto medioambientales como tecnológicos, constructivos y ergonómicos.
Asimismo, el inmueble rehabilitado conseguirá un consumo de energía casi nulo, según el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
Por otra parte, el contrato de obra incorpora, además de otras cláusulas sociales, la obligación de ejecutar un proyecto de inserción socio-laboral, lo que supone que un mínimo del 3% de las horas de trabajo hayan de ser realizadas por personas en situación o riesgo de exclusión social residentes en Castilla y León. Este inmueble objeto de rehabilitación forma parte del patrimonio inmobiliario de la Junta de Castilla y León tras la permuta de inmuebles llevada a cabo entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica. Durante este tiempo postpandemia, la Junta de Castilla y León ha mantenido la atención presencial, sin cita previa, en todas las oficinas que tiene en el territorio para prestar la atención necesaria al ciudadano en los Registros, y sólo para algunos servicios concretos, como por ejemplo los relacionados con tributos, se requiere concertar cita previa.
En este sentido, según ha manifestado el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, «dentro de la situación de normalidad que ya estamos viviendo a nivel sanitario, consideramos que es el momento de poder volver a la total normalidad. Por eso, el criterio de la Junta de Castilla y León, como regla general de atención administrativa en todas las oficinas públicas, es la atención presencial, sin cita previa. Todo ello salvo que algún servicio muy concreto y de forma excepcional, por la afluencia de personas al mismo, requiera mantener su atención a través de cita previa para evitar colas y aglomeraciones, pero incluso en estos casos hay que posibilitar la atención presencial a los que no tengan cita previa».
Además, el consejero ha anunciado que «el pasado día 7 de febrero la Junta ya ha dictado una instrucción para que en todas las delegaciones territoriales se aplique con carácter general la atención presencial». La Junta de Castilla y León tiene a disposición del ciudadano 213 oficinas de registro en toda Castilla y León, 113 de ellas en el medio rural. Se atienden al año en torno a 1.500.000 de registros de entrada en la Administración, de los cuales 670.000 se dirigen a otras Administraciones. En Valladolid capital hay disponibles 22 oficinas que atienden unos 330.000 registros de entrada al año.
