Los Grupos Municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid han apoyado este jueves en el Consejo de Administración de Auvasa la solicitud de revocación de expediente de extinción «por desestimiento» del contrato del exgerente de la empresa de transporte público, Álvaro Fernández Heredia, que recientemente se ha sumado a la lista de Rita Maestre con Más Madrid. Según el Partido Popular, el equipo de Gobierno habría dispensado un ostensible «trato de favor» al exgerente de Auvasa en lo que respecta a su salida de la Sociedad Municipal de Autobuses, y que se traduce en «el homenaje económico de despedida que le ha dispensado el alcalde y en un cúmulo de engaños por parte del concejal responsable de Movilidad».
La portavoz del Grupo Popular, Irene Núñez, asegura que «se ha actuado con simulación manifiesta, tanto en la propia convocatoria del Consejo, celebrado el 28 de marzo, en la que la salida de Fernández Heredia se incorporó en el orden del día como una extinción por desistimiento del contrato del gerente, como en la propia reunión del Consejo de Administración, ante las peticiones de información del concejal del PP, Alberto Gutiérrez Alberca, cuando se obvió contestarle a si había existido un preaviso por parte del trabajador, así como la cantidad económica que suponía la salida del gerente para las cuentas de la Sociedad».
Con posterioridad, desde el Grupo Popular recuerdan que ya solicitaron esta información por escrito en abril sin haber obtenido respuesta hasta la mañana de hoy, minutos antes de la celebración del Consejo, por lo que considera que en su día «se ocultó deliberadamente al mismo que con la salida se había pactado el pago de una indemnización que es improcedente y lesiva, tanto para los intereses de la Sociedad como para los de los ciudadanos, demostrándose así la connivencia entre la empresa y el trabajador en el despido, habiéndose podido incurrir en una infracción muy grave», señala la portavoz.
«Han engañado a todos los vallisoletanos», afirma Núñez, «porque le han dado al exgerente una indemnización que no le corresponde, con el perjuicio económico que eso conlleva para la Sociedad. Una baja voluntaria en ningún caso lleva aparejada una indemnización, según el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección». En este sentido, los populares lamentan que «no es la primera vez que el exgerente de Auvasa recibe un trato de favor por parte del Equipo de Gobierno». «Llegó a Valladolid como fichaje estrella de la mano de Luis Vélez y Óscar Puente, e incluso modificaron los Estatutos de Auvasa para otorgarle más poder, en detrimento de la obligada transparencia que debe regir toda sociedad pública. Le dieron carta blanca como ideólogo del Plan Municipal de Movilidad, mientras el concejal del ramo se ha limitado a aplicarlo a pies juntillas».
Además, se eliminó de su contrato la obligación de residir en la ciudad de Valladolid, recuerdan desde la oposición, y «se le ha consentido que se sirva de su puesto como personal de alta dirección para hacer apología política, mientras destrozaba la ciudad de los 15 minutos generando problemas donde antes no los había». Durante su gerencia la aportación del Ayuntamiento a la Sociedad Pública de Autobuses Urbanos se ha incrementado «sustancialmente», y por lo tanto, el gasto para el bolsillo de los vallisoletanos, pasando a ser de 15’6 millones de euros en 2019 a 21 millones en 2022, denuncian desde el PP.
«Todo ello acompañado de una pérdida considerable de viajeros, sin que se hayan recuperado las cifras prepandemia; varapalos judiciales como los carriles bus-taxi; miles de euros despilfarrados en el viario público o la instalación de los aparcabicis cerrados, y un incremento de la conflictividad laboral de la plantilla», enumera Núñez, que a su juicio, son motivos «más que suficientes» para que el Partido Popular pidiese el cese del ya exgerente en 2020 y 2022. En definitiva, para los populares, «la gestión de Fernández Heredia ha sido nociva para Valladolid, y Óscar Puente y Luis Vélez han hecho la vista gorda. Con su salida de la gerencia de Auvasa hemos asistido al último capítulo de una cadena de favores, que ha llevado al Equipo de Gobierno a reconocer que una baja voluntaria conlleva una indemnización, sino que la empresa debería haber ingresado una compensación de tres meses de salario, el equivalente a los salarios correspondientes a la duración del periodo incumplido. Estimamos que el perjuicio económico para la Sociedad Municipal puede ser superior a los 20.000 euros», concluye Irene Núñez.
