La Junta de Castilla y León considera la prevención de riesgos laborales como un pilar fundamental de sus políticas de empleo público y lo pone de manifiesto con la organización del VIII Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración Pública, que reúne a más de 350 participantes en Valladolid. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado la importancia de esta cita para seguir avanzando en la buena dirección y también para investigar las nuevas preocupaciones acerca de la salud pública en el trabajo, como los riesgos psicosociales. «La detección, evaluación y gestión de estos riesgos son fundamentales para proteger la salud mental de nuestros trabajadores, y las sesiones dedicadas a este tema nos brindarán ideas y herramientas para abordar este desafío de manera efectiva«, expresó el consejero en el congreso, donde también estuvo presente la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso.
Los servicios de prevención de riesgos laborales de la Junta de Castilla y León atienden en la actualidad servicios a más de 57.000 empleados públicos autonómicos en casi 4.000 centros de trabajo de las administraciones general y educativa. Se excluye el personal perteneciente a instituciones sanitarias, que prestan todos sus servicios de prevención con recursos propios específicos. Estos servicios de prevención desarrollaron en 2023 más de 2.500 actuaciones técnicas, lo que supuso un incremento de un 17% respecto a 2022. Estas actuaciones técnicas engloban todas las investigaciones en torno a accidentes y enfermedades profesionales, así como la evaluación de riesgos y la adecuación de las medidas de emergencia en cada centro de trabajo. Además, en el área de Medicina del Trabajo, se realizaron en 2023 más de 27.100 reconocimientos básicos de salud.
También se han tramitado 46 solicitudes de cambio de puesto de trabajo por causas de salud del personal laboral y se ha vacunado frente a la gripe a más de 9.000 empleados públicos. En el plano de la formación, se realizaron casi 400 cursos con alrededor de 7.900 alumnos. Estas cifras representan un incremento del 80% en el número de cursos realizados y un aumento del 194% en los alumnos formados respecto a 2022. De estos datos se desprende que la intensificación de estas acciones formativas va acompañada de un interés cada vez mayor de los empleados públicos por acceder a estos contenidos didácticos. Asimismo, teniendo en cuenta que el 72% de los empleados públicos de la Junta son mujeres, es importante que los contenidos sobre prevención de riesgos laborales se adapten a sus características físicas y a sus necesidades específicas. En este sentido, las recientes campañas de información sobre salud durante el embarazo o la adecuación ergonómica de los puestos y de los equipos de trabajo son algunas de las acciones significativas que realiza la Junta para seguir avanzando en igualdad, también en el ámbito de la prevención.
Una administración más segura genera una «mayor confianza» para todos sus trabajadores, con las repercusiones positivas que ello conlleva para su desempeño diario, y también favorece la llegada de nuevas generaciones de empleados, ya que la seguridad en el trabajo es uno de los elementos que los jóvenes tienen cada vez más en cuenta a la hora elegir un puesto determinado una vez que acceden al mercado laboral. Además, como ha manifestado el consejero, «cuanto más cuidados y protegidos se sienten nuestros empleados públicos, mejor servicio prestan a los ciudadanos y más eficientes serán también para la Administración, tanto sus periodos de baja laboral como las solicitudes de jubilación anticipada se reducen en la medida en que logramos hacer de nuestros entornos de trabajo lugares seguros para todos».