El Consejo de Gobierno celebrado el pasado 15 de junio acordó la declaración de situación excepcional de la campaña agrícola 2022-2023 en todo el territorio de Castilla y León, debido a los efectos adversos sufridos por las explotaciones agrarias de la Comunidad, tras las extremas condiciones climáticas de los últimos meses. Esta decisión se tomaba para poder adoptar medidas normativas y otras de apoyo al sector agrario que en la reunión celebrada hoy se han dado a conocer y cuyo importe estimado asciende a más de 145 millones de euros, cuantía a la que se añaden los 600 millones de euros de anticipos de las ayudas de la PAC.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la campaña agrícola como excepcional, a iniciativa de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y a propuesta de la Consejería de la Presidencia, se comunican diferentes medidas como la prórroga de los plazos establecidos para cumplir determinados compromisos, tanto del primer pilar como del segundo pilar de la Política Agrícola Común; la flexibilización y establecimiento de excepciones a los requisitos de la Política Agrícola Común recogidos en la circular del FEGA de fecha 25 de mayo, en relación con las ayudas directas; la flexibilización de la regulación de determinadas cuestiones vinculadas a las intervenciones territoriales del Feader, en las cuales la Comunidad Autónoma tiene mayores competencias de desarrollo.
En cuanto a las medidas dirigidas a dotar de liquidez al sector, se aprueban los pagos de los anticipos de las ayudas directas de la PAC que se efectuarán a partir del 16 de octubre, de conformidad con lo que disponga el reglamento europeo que establezca los porcentajes máximos de anticipo y las condiciones. Se anticipará el máximo porcentaje que se autorice por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, en principio el 70%, así como hasta el 85% de las ayudas Feader incluidas en la solicitud única de 2023. La situación actual necesita una respuesta firme por la Junta de Castilla y León con medidas similares a las establecidas en 2017 o 2019 de bonificación de intereses, si bien es preciso tener en cuenta que los tipos actuales de interés son mucho más altos a los existentes en los años referidos.
La medida consiste en bonificar el interés de los préstamos de hasta 60.000 euros máximos por explotación, a cinco años con un primer año de carencia y cuatro de amortizaciones constantes, con tipo variable con referencia al Euribor más un diferencial del 0,5. Dicha bonificación alcanzará el 100 % para agricultores profesionales y el 40% para el resto. La inversión prevista en esta medida es de aproximadamente 60 millones de euros. Otra de las ayudas directas estipuladas por el Gobierno autonómica consiste, en el marco temporal de la guerra de Ucrania, en establecer una ayuda directa destinada a los agricultores con pólizas de seguro de sequía de cultivos herbáceos, y en su caso, de pastos, que se calculará en forma de complemento a la indemnización que, por riesgo de sequía en las pólizas de cultivos herbáceos de secano, determine la entidad Agroseguro en 2023, con un incremento de hasta el 25% sobre la indemnización determinada en el caso de los agricultores profesionales, o del 12,5% para el resto de los agricultores.
En cuanto a la bonificación de las tasas veterinarias, la Junta establece una bonificación en un 95% de las tasas de titularidad autonómica por prestación de servicios veterinarios, como medida de apoyo al sector ganadero. Esta acción será de aplicación desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2023, y además se prolongará durante los años 2024 y 2025. El ahorro fiscal estimado para el sector ganadero durante los dos años y medio de aplicación asciende a 2,5 millones de euros. El ahorro fiscal estimado para los agricultores y ganaderos de Castilla y León asciende a 20 millones de euros, de los que aproximadamente 10 millones de euros anuales serán asumidos por la Comunidad de acuerdo con lo establecido por el actual sistema de financiación autonómica. Por tanto, considerando también el efecto en el IRPF correspondiente al año 2023 que se presenta en el año 2024, el importe total alcanza los 20 millones de euros.
Como medidas de carácter estructural con efectos directos y también futuros para hacer frente a la sequía, se contemplan dos actuaciones de infraestructuras dirigidas a garantizar la disponibilidad de agua en las explotaciones ganaderas. Entre ellas, subvenciones destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo o mixto de aprovechamiento de pastos de Castilla y León, que supondrán la concesión de ayuda a 1.890 ganaderos y un importe de 6,1 millones de euros.
