La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha visitado este lunes la oficina de información antiocupación de Valladolid, ubicada en la sede de la Cámara de la Propiedad Urbana de la ciudad. La puesta en marcha de esta oficina persigue cumplir con el deber que corresponde a los poderes políticos de garantizar el legítimo ejercicio de la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, y de protegerlo frente a un problema como es el de la ocupación, que supone un ataque frontal a su contenido esencial, tal y como ha afirmado Pardo.
Asimismo, la Administración autonómica trata con ello de velar también por otros derechos civiles, como son las buenas relaciones de vecindad y por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas que se ven perjudicados por estas prácticas abusivas. Fruto del convenio de colaboración firmado el pasado 19 de mayo entre la Junta de Castilla y León y las Cámaras de la Propiedad Urbana, se han puesto en funcionamiento estas oficinas de información antiocupación en las nueve provincias de la Comunidad.
Durante la visita a la oficina de antiocupación de Valladolid, Pardo ha destacado que en este espacio los interesados encontrarán toda la información y asesoramiento que soliciten en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso. Asimismo, está prevista la posibilidad de que el personal que presta asesoramiento ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal o cualquier otro de persecución pública que detecte, cuando se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades por parte de la persona demandante del servicio. A ello irá encaminada también la formación del personal que atenderá la oficina.
La directora Pardo también ha reiterado que «se trata de ofrecer un mensaje de tranquilidad al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas para su alquiler, porque el problema del acceso a la vivienda por quienes tienen dificultades económicas y son vulnerables debe ser abordado a través del incremento del parque público o del otorgamiento de ayudas a los más necesitados». María Pardo también se ha dirigido al último caso de ocupación en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda y en este sentido, la directora ha criticado la «lentitud» de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restauración Bancarias (Sareb) a la hora de combatir el episodio de ocupación y ha reconocido que «han tenido que ser los abogados los que se han tenido que poner en contacto con Sareb para que esta sociedad reaccione».
Pardo también ha recordado que la Junta de Castilla y León mantiene un convenio con Sareb por la cesión de viviendas destinadas al colectivo vulnerable y por ello desde el Gobierno autonómico «se va a intentar que Sareb actúe de inmediato para tajar este problema», al tiempo que ha lamentado que hasta la fecha «no se ha recibido una llamada de interés por parte de Sareb». Por último, durante la visita a la nueva oficina de antiocupación de Valladolid, la directora general de Vivienda y Ordenación del Territorio ha asegurado que además del caso de Arroyo de la Encomienda, la provincia vallisoletana sufre otros incidentes de ocupación en inmuebles de La Cistérniga y Villanubla.
