El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de CERMI Castilla y León, Francisco Javier Sardón, han presidido el acto de conmemoración de la celebración del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de Pimentel y que ha contado con la presencia de representantes de los grupos políticos de la Diputación de Valladolid. El acto ha incluido la lectura del manifiesto elaborado para este día por CERMI Castilla y León, titulado ‘Construyendo hoy la Agenda Política de la Infancia con Discapacidad hasta el año 2030’, y ha sido leído por Cristina Bermejo Gallego, de la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo de Castilla y León, y por Ana Belén Cañibano González, de la Fundación Intras.
El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha subrayado «la necesidad de garantizar la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan tener una participación activa en la vida pública y de seguir avanzando en materias como la formación, la concienciación y la eliminación de barreras, no sólo las arquitectónicas». «Hay que combatir determinadas actitudes sociales basadas en estereotipos que todavía están presentes en buena parte de la sociedad. Y hay que combatir el buenismo de los que creen que apoyar a las personas con discapacidad es una cuestión de caridad. Es una cuestión de derechos». Por su parte, el presidente de CERMI Castilla y León ha puesto el acento en el reto que tienen desde el CERMI y las administraciones públicas hasta el año 2030 para garantizar los derechos de este sector de la población. «Nuestro reto y el de las administraciones públicas es que de aquí al año 2030 hayamos puesto todas las medidas suficientes para que ninguna niña, niño y adolescente con discapacidad sienta vulnerados sus derechos en ningún aspecto de su vida», sostuvo Sardón.
El manifiesto leído hoy en el Palacio de Pimentel señala que es el momento de la infancia y adolescencia con discapacidad, «que desde el principio ha de tener garantizados los derechos, el bienestar y la inclusión». Tras la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que establece el mandato de atender específicamente las necesidades de la infancia con discapacidad, el sector asociativo organizado de la discapacidad ha centrado su mirada en este segmento de la población con discapacidad -niñas, niños y adolescentes-, para que figure en las primeras posiciones en la agenda pública política y social, desde una óptica exigente de derechos humanos. Para ello, afirman que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad «deben ser escuchados y tenidos en cuenta», con todos los apoyos que puedan necesitar y en todos los espacios relevantes para su desarrollo personal, garantizando, asimismo, relaciones y entornos seguros en los que queden preservados su integridad, bienestar y respeto.
El Movimiento CERMI reclama la inclusión de la infancia con discapacidad desde los primeros estadios de vida o desde el mismo momento de aparición de la discapacidad, siendo obligación de los poderes públicos generar las condiciones de todo tipo -legislativas, programáticas o presupuestarias- para que esta atención reforzada encaminada siempre a la autonomía personal y la plena participación social, en entornos universalmente accesibles, sin segregaciones ni discriminaciones, y proporcionando los apoyos que sean precisos, sea una realidad en todas las esferas de la vida en comunidad, siendo obligación de las administraciones públicas, ya sean nacionales, autonómicos o locales, el dar una respuesta sostenida, suficiente y efectiva a esas demandas. En su declaración política con motivo del 3 de mayo de 2024, también destaca que la inclusión de la infancia con discapacidad no será posible sin un «apoyo real» a las familias que tienen en su seno a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, para que sea la instancia principal de promoción, protección y acompañamiento activo de su descendencia con discapacidad.
El manifiesto pone especial atención a las niñas y adolescentes con discapacidad, más expuestas a la vulneración de sus derechos, que han de tener «rostro propio» en toda la acción pública tanto en materia de discapacidad y de infancia como de igualdad entre mujeres y hombres. Finalmente, reclama la participación de la infancia con discapacidad en todo lo que le afecte, «que tiene que poder contar siempre con voz propia y ver respetadas sus decisiones, de acuerdo con sus circunstancias, como miembros valiosos de la comunidad».
