Escándalo en Bobadilla del Campo: detienen a un concejal del PP y a su mujer por falsificar documentos Covid y estafar 20.000€ a una familia

La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este miércoles al concejal del Partido Popular en Bobadilla del Campo, Francisco Javier Fernández-Salinero, y a su mujer por presuntos delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de identidad. Entre los presuntos delitos denunciados se encuentran la falsificación de certificados Covid y estafas económicas a una familia de Medina del Campo que ascienden a 20.000 euros, según fuentes del Consistorio consultadas por este periódico.

El edil detenido es el padre de otra concejala popular del mismo municipio acusada de estafa por parte de vecinos afectados, que al parecer, ofrecía puestos de trabajo, excursiones o campamentos o incluso se hacía pasar por trabajadora de Hacienda para eliminar embargos de viviendas. La edil del PP Inés María Fernández-Salinero fue también detenida a mediados de abril por un presunto delito de estafa y ha renunciado ya a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Bobadilla del Campo.

El popular Fernández-Salinero y su mujer se enfrentan a varios delitos de falsedad así como de estafas económicas y usurpación de identidad. El matrimonio se aprovechó de una familia de Medina del Campo tras acogerles en su casa después de que les expulsaran de otra vivienda, llegándoles a estafar 20.000 euros a través de tarjetas de crédito y préstamos. Los detenidos utilizaban sus datos personales para realizar compras y solicitar los créditos bancarios.

Por todo ello, el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Bobadilla del Campo ha exigido hoy la dimisión o cese inmediato del concejal del grupo del Partido Popular en la Corporación Municipal, detenido este miércoles por la Policía Nacional. El alcalde de Bobadilla del Campo Francisco Pastor, denuncia que de nuevo, un edil de este grupo político es acusado de «presuntos graves delitos que tiene que ver con el engaño y el enriquecimiento ilícito».

Pastor ha reiterado la obligación de «ejemplaridad» que se exige en un representante público «al servicio de los vecinos, en este caso de Bobadilla». Por ello, muestra su solidaridad y la del Ayuntamiento de Bobadilla del Campo con los afectados por los presuntos delitos de esta persona «que no merece representar ni al ayuntamiento ni al pueblo ni a los vecinos si se demuestra su responsabilidad en los hechos».