El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decido rebajar de seis años a cinco años y un día de cárcel la pena a un pedófilo condenado en julio por la Audiencia de Valladolid por distribuir imágenes de pornografía infantil de bebés. La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL estima parcialmente el recurso del condenado, que había pedido una rebaja por dilaciones indebidas, y se reduce en casi un año su pena privativa de libertad.
El TSJCyL señala en su resolución a la que ha tenido acceso este periódico que «nos encontramos con un lapso de tiempo considerable, el invertido en la realización del informe pericial, habiendo estado el procedimiento paralizado por tiempo de más de cuatro años, y dado que en la sentencia no se aporta ningún razonamiento expreso a la hora de justificar la pena privativa de libertad en tiempo de seis años, lo que procede es reducirla al mínimo legalmente establecido, esto es cinco años y un día».
Asimismo, la condena de la Sección Cuarta de lo Penal, mantiene en todos su términos en cuanto a la inhabilitación especial para trabajar con menores de edad o discapacitados durante diez años, libertad vigilada durante el mismo tiempo, prohibición de realizar actividades lucrativas u onerosas con menores y le impone la realización de un curso de educación sexual. El hombre fue detenido en noviembre de 2016 tras un registro en su domicilio en el que se le incautaron más de 33.000 archivos de pornografía infantil, algunos de extrema crudeza, ya que recogían la violación anal de bebés de entre dos y tres años.
La Fiscalía de Valladolid había pedido seis años de cárcel, y la acusación pública, a tenor de las pruebas, entendió plenamente probado que J.G.R. era consciente de que cuando se bajaba el material de contenido pedófilo no lo hacía por equivocación, dado que usaba búsquedas muy específicas, y que lo estaba compartiendo con otros usuarios de la red, con lo que de este modo lograba una mayor velocidad en las descargas.
La dureza de las imágenes la puso de manifiesto durante el juicio un guardia civil, ingeniero y experto informático que en su día recibió el encargo de peritar los archivos pedófilos incautados al acusado, «de muy alto contenido degradante». El acusado había descargado estos archivos mediante los programas Emule y Ares entre los meses de enero y agosto de 2016.
En el momento de la detención, la Guardia Civil localizó al individuo en su lugar de trabajo, le leyeron sus derechos y luego fueron con él a su piso para el correspondiente registro, donde los agentes incautaron dos portátiles, distintos discos duros, pendrive, CDs y DVDs, material que el acusado, quien tan solo ha respondido a preguntas de su letrado, alegó que lo había bajado sin saber que al mismo tiempo lo estaba compartiendo al carecer de conocimientos informáticos.
El condenado que ejercía de electricista, explicó que comenzó descargándose películas comerciales y luego pasó a las de porno de adultos para finalmente acceder al infantil, sin que compartiera conscientemente con otros usuarios. «Lo tenía en secreto para que nadie lo supiera, ni siquiera mi mujer. El material solo lo veía yo», ha insistido J.G.R, quien ha alegado que la contemplación de dicho material no le causaba placer alguno y lo hacía para superar algún trauma sufrido en su infancia en la que, tal y como incidió, fue acosado por un hermano mayor y tuvo problemas con otros niños.
