El TSJ de Castilla y León, en su sentencia número 533 de 6 de mayo, ha desestimado el recurso interpuesto por el representante del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Valladolid y miembro del Consejo de administración de AUVASA frente a la Resolución 109/2022, de 27 de agosto, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León que inadmitía el recurso especial en materia de contratación, interpuesto por él mismo, contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Auvasa de 22 de junio de 2020.
El 15 de mayo de 2020 se publicaban en el Diario Oficial de la Unión Europea las ‘Directrices sobre el restablecimiento progresivo de los servicios de transportes y la conectividad COVID 19’ que contienen las «Orientaciones prácticas sobre medidas específicas para garantizar el transporte seguro de viajeros en todos los modos de transporte en el contexto de la pandemia de COVID-19», dentro de las cuáles cabe destacar la relativa a la «movilidad urbana»: «debe reducirse al mínimo el contacto entre conductores y viajeros, por ejemplo, mediante el uso de barreras, el cierre de puertas frontales y la promoción de billetes y los métodos de pago electrónicos».
Desde la Junta de Castilla y León también se promovió «el fomento del pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico con dispositivos». El 22 de junio de 2020 se celebró el Consejo de Administración de AUVASA en el que se autorizó la convocatoria y aprobó la memoria justificativa, el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la contratación mediante procedimiento negociado, del suministro de validadoras y servicio de desarrollo e implantación de un sistema autónomo de Ticketing destinado a incrementar los modos de pago a consecuencia del Covid-19 que permitiría aplicar las directrices anteriormente expuestas en lo referente a los métodos de pago.
El concejal de VOX interpuso en un primer momento un recurso contra esta adjudicación en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León que fue resuelta negativamente para sus pretensiones. Esta resolución del Tribunal Administrativo fue recurrida por el concejal de VOX ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que resuelve en el aspecto formal que el concejal está legitimado para oponerse a la adjudicación y, entrando en el fondo, da la razón a AUVASA sobre la total conveniencia del procedimiento de contratación por la vía del negociado dado que incurrían los preceptos legales para aplicar este procedimiento en el contexto de pandemia, tomando en consideración el carácter de servicio esencial prestado por AUVASA.
La experiencia ciudadana, tras casi dos años de aplicación, ha sido más que satisfactoria, reduciendo el riesgo de transmisión de la Covid-19,al evitar la circulación de monedas, así como mejorando la seguridad de la conducción y la velocidad comercial del servicio al no tener que realizarse el cobro por parte del personal de conducción. Este servicio no solo ha hecho posible el pago con tarjeta bancaria, con aplicación móvil, sino que también ha permitido la recarga web de los títulos de viaje personales de AUVASA como los diferentes tipos de bonos.
