La Sala de lo Penal ha absuelto al exalcalde de Valdestillas Jesús Román Fadrique y a la exconcejal Lidia Vaquero de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en relación con las obras de urbanización de parte de una calle, en la que se encontraba la vivienda de la entonces edil, con subvención de la Diputación provincial.
Según informan fuentes judiciales, el tribunal estima los recursos de casación interpuestos por los dos acusados y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que condenó por los dos delitos de prevaricación y malversación, al exregidor socialista a 1 año de prisión y a 9 años de inhabilitación especial para los cargos de alcalde y concejal, así como al pago de una indemnización al Ayuntamiento de Valdestillas de 3.380 euros. También condenó a la exconcejal a 9 años de inhabilitación por el primero de los delitos.
Esta sentencia, anulada ahora por el Tribunal Supremo, revocó el fallo de la Audiencia Provincial de Valladolid que había acordado la absolución de los dos acusados, por tratar de costear el arreglo de una calle del pueblo con fondos públicos pese a ser conscientes de que el coste habían de sufragarlo los vecinos. La Audiencia Provincial censuró que «no funcionaron correctamente los mecanismos de asesoramiento legal porque no consta, pese a lo afirmado por él en juicio oral, que el secretario municipal advirtiera de la ilegalidad que se cometía» y desde luego «la actuación de la arquitecta municipal es insostenible, escudándose en su cargo para realizar un proyecto que sabía que era ilegal para cobrar unos honorarios, con mucha premura, cuando sabía que no se iba a incluir la obra en los Planes Provinciales, y cobrándolo a través de su empresa privada».
Durante el juicio celebrado en la Audiencia de Valladolid, los acusados, el exalcalde de Valdestillas, Jesús Román Fadrique, junto a tres exconcejales, Lidia Vaquero, César Álvarez y Raúl Casero, defendió que trataba de costear la urbanización de la calle Olmo con la convicción de que era «legal», porque urgía concluir una vía a la que faltaba sólo un tercio por urbanizar y, además, porque la obra permitía «unir el barrio con el colegio y la piscina».
