El Grupo Provincial Socialista lamenta que el Equipo de Gobierno de la Diputación de Valladolid, de Partido Popular y Ciudadanos, no haya aceptado las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista que en conjunto suponían una inversión de 7’6 millones de euros en los municipios.
En su intervención en el pleno celebrado este viernes 26 de noviembre, el portavoz del Grupo, Francisco Ferreira, ha criticado que “se destine una parte importante” del presupuesto de la Diputación a “otros fines muy alejados de las competencias y funciones que establece la legislación” para esta Institución Provincial. “Tenemos en la provincia ayuntamientos sin secretarios, municipios sin acceso a internet ni TDT, o la recogida de la fracción orgánica sin implantar y, mientras tanto, seguimos destinando más de 3 millones de euros a Sodeva, 1 millón a la promoción agroalimentaria, otros tantos a la colaboración público privada y alguna que otra subvención directa a gusto del presidente”, ha relatado.
Ferreira también ha apuntado que “gracias al dinero procedente del Gobierno de España, el presupuesto de la Diputación se ha visto incrementado, pero esto no se aplica a proyectos importantes como la depuración de aguas residuales”. Y ha dudado de un presupuesto que califica como “poco creíble, ya que se presupuestan inversiones y proyectos que luego no se desarrollan”, para lo que puso como ejemplo el Plan Director de Telecomunicaciones, para el que se incluyeron 1’9 millones este año y de los que “no se ha gastado ni un euro”.
Durante el discurso también ha reprochado al Equipo de Gobierno que “estos presupuestos son irreales”. “Muestra de ello”, ha continuado, “es que lo que hoy se trae a aprobación no tendrá nada que ver con lo que resultará a final de año. Baste un dato: el presupuesto vigente se aprobó con 112 millones y a fecha de hoy está ya en 155 millones tras innumerables modificaciones de crédito”.
Los socialistas han criticado que el presupuesto “se olvida de una de las áreas más importantes, como es el medio ambiente”. La depuración de aguas residuales también es una preocupación para el Grupo Provincial Socialista, que “echa en falta” que sea “una prioridad para la Diputación de Valladolid”. En su plan los socialistas planteaban invertir dos millones más de lo que refleja en presupuesto para “dar una solución definitiva a los 96 municipios de menos de 500 habitantes”. Y añadía Ferreira que “en materia de depuración los ayuntamientos no saben si hay que llamar a la Diputación, la Junta de Castilla y León o la Confederación Hidrográfica del Duero y a este caos estamos contribuyendo desde la Diputación, concediendo de manera arbitraria subvenciones directas a algunos municipios, mientras otros tienen que acudir a convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva; esta forma de gobernar puede convertirse en práctica peligrosa”, ha advertido.
Cuestión “prioritaria” a la que el PSOE suma el servicio de recogida orgánica de residuos, el contenedor marrón. Un nuevo plan para el que destinarían 1 550 000 euros, y que se desarrollaría como una línea de subvenciones de nueva creación.
Durante su intervención ha dirigido palabras críticas al Gobierno Autonómico, que “sigue sin financiar las competencias en materia de servicios sociales, y las acaba asumiendo la Diputación”. A la vez ha recordado que otras diputaciones ya han obtenido fondos europeos y “a día de hoy desconocemos cuáles son las intenciones o proyectos europeos que tiene la Diputación de Valladolid”.
El portavoz también ha hecho referencia durante el debate plenario a una de las enmiendas fuertes de su grupo, la que contemplaba un incremento de 1 000 000 de euros en los Planes Provinciales 2022-2023, y que ha decaído. “Siendo la única fuente para que los municipios puedan hacer inversiones, deberíamos destinar más dinero a esta partida, ya que esto conlleva creación de empleo y deriva indudablemente en un aumento del bienestar en los pueblos”. El Grupo Socialista presentó 17 enmiendas por importe de 9’1 millones de euros de las que se han admitido 2: un incremento de 100 000 euros en el convenio ‘Crecemos’ y un aumento de 58 000 euros en la cantidad que reciben las entidades locales menores en el plan de libertad de gasto hasta conseguir igualar esas cantidades a lo que reciben los municipios.
Según afirma Francisco Ferreira, “nuestras enmiendas eran técnicamente correctas, necesarias para los municipios, perfectamente asumibles. Incluirlas en el presupuesto de 2022 era simplemente cuestión de voluntad por parque del Equipo de Gobierno; algo que, a tenor del resultado de este pleno, queda claro que no tienen”.