El portavoz del Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid, Francisco Ferreira, ha comparecido ante el Consejero Delegado del Consejo de Cuentas de Castilla y León para ratificar la denuncia registrada el 6 de octubre relacionada con el servicio de extinción de incendios que presta la Institución Provincial en Medina del Campo, Arroyo de la encomienda y Laguna de Duero. Según resume y recuerda Ferreira, “los municipios de más de 20.000 habitantes o prestan el servicio de extinción de incendios de forma propia, o bien suscriben un convenio para que se les preste dicho servicio. Pero en realidad se está prestando por parte de la Diputación Provincial sin ningún título habilitante que legitime esa prestación, y sin percepción económica”.
Francisco Ferreira ha ratificado ante el Consejero Delegado que el Grupo Provincial Socialista apela con esta acción a la función fiscalizadora que debe ejercer el Consejo de Cuentas, porque “puede existir una responsabilidad contable” por parte de la Diputación de Valladolid, ya que “se podrían estar gestionando de forma incorrecta los caudales públicos” en lo referente al servicio de extinción de incendios. “Al menos existen indicios razonables para creer en ello”, declara Ferreira.
También ha recordado el Portavoz al Consejero Delegado que la ley la 7/85 de 2 de abril, en su artículo 36.c especifica que «la diputación asumirá la prestación del servicio de extinción de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes», por lo que los que cuentan con mayor población están obligados a dar el servicio de forma propia o bien suscribiendo un convenio que lo ampare”, explica.
Conviene recordar que el Grupo Socialista presentó una proposición en el pleno de diciembre de 2020 a fin de que se regularizase la prestación del servicio de extinción de incendios por parte de la Diputación a los municipios de más de 20.000 habitantes, y fue aprobada por todos los grupos políticos. Se preguntó sobre ello en el pleno de marzo de este año y se registró un escrito dirigido al Presidente en el mismo sentido en septiembre. “La respuesta”, declara Francisco Ferreira, “fue darnos largas y no solucionar el problema después de diez meses. Por lo tanto, instamos al Consejo de Cuentas a que haga una labor fiscalizadora en todo lo referente a estos hechos”.
Desde el Grupo Provincial Socialista quieren “dejar claro” que todos los grupos políticos “aprobaron la proposición de regularizar este servicio prestado por parte de la Diputación a los municipios de más de 20.000 habitantes, y el Partido Popular apoyó esa proposición”. Los socialistas aclaran que ante la “inacción del Equipo de Gobierno”, lo que pretenden es “que se cumpla la ley, a través de este cauce o del que corresponda”. “Porque”, concluyen, “la Diputación no está para dar servicios a los municipios de mayor tamaño de la provincia de Valladolid”.