El nuevo puesto en la Alcaldía, bajo lupa: Carnero aclara que no es un cargo político y el PSOE estudiará la cobertura legal del «alcalde B»

El anuncio del nombramiento de un nuevo director de Coordinación de Políticas Públicas en el Ayuntamiento de Valladolid ha generado una nueva polémica en la actualidad municipal con críticas desde el principal partido de la oposición. Este jueves, desde el Consistorio vallisoletano, se informaba de la modificación de la organización administrativa de la alcaldía de Valladolid, ostentada por Jesús Julio Carnero, con la incorporación de una persona para la «coordinación política», así como de la organización administrativa del propio regidor. El PSOE, liderado por el exalcalde Óscar Puente, fue reivindicativo con este «nuevo cargo» que tildó de «fraude democrático».

Ante la disputa ocasionada, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero ha explicado públicamente este nuevo nombramiento en la Alcaldía, y ha querido matizar que «no se crea ningún cargo, lo que se crea es un puesto de funcionario en la Relación de Puestos de Trabajo». En este sentido, Carnero ha comparado este nuevo puesto de funcionario de carrera con otro creado por el anterior equipo de Gobierno, entre PSOE y VTLP, como fue el director de la asesoría jurídica del Gobierno municipal. «Tiene la misma equiparación, y en su momento nadie se lo puso en duda», ha defendido el nuevo regidor vallisoletano.

En este sentido, Carnero ha insistido en la necesidad de que la Alcaldía de Valladolid cuente con un «director de Área» como tienen las demás concejalías del Ayuntamiento. «Estamos hablando de un puesto de funcionario de carrera ni tan siquiera de funcionario eventual que busca que la Alcaldía que de manera inusual no tenía un director de Área, y sí lo tiene cada una de las concejalías. He decidido que la Alcaldía tenga un director coordinador de área, como un puesto administrativo, que va a llevar a cabo funciones coordinadoras y al final al cabo la dirección de conjunto de las áreas municipales».

Además, el alcalde ha recordado, ante las críticas de la oposición, que se trata de un puesto de trabajo no de un «cargo político, contemplado en la Ley y esta puesto en marcha en las grandes ciudades de nuestro país como Bilbao, Vitoria, Málaga o Valencia. Esa designación le corresponde al Ayuntamiento y al equipo de Gobierno para establecer su Organización, y en este caso, como la Alcaldía tenia ese déficit de no tener un puesto de director de área yo he decidido que tiene que tenerlo para llevar a cabo las funciones de coordinación», ha precisado Carnero este viernes durante la reunión con el director de La Vuela ciclista a España.

La persona que aspirará al puesto de director de Área de la Alcaldía de Valladolid tendrá un perfil que cumpla los requisitos legales para ser funcionario de carrera, de libre designación, y en palabras de Carnero, «de la confianza el equipo de Gobierno». «No tenemos el nombre, cuando lo tengamos lo aprobaremos y tendrá un puesto reservado». «No es un cargo político, que no les confundan», se ha mostrado contundente el regidor vallisoletano, al tiempo que ha querido aclarar ante las acusaciones de los socialistas, que «no se está privatizando nada». La persona responsable de esta nueva dirección tendrá un perfil retributivo equiparable al del puesto de director de la Asesoría Jurídica municipal, como apuntan fuentes municipales.

Por otro lado, el exalcalde y presidente del Grupo Municipal Socialista de Valladolid, Óscar Puente, también ha hablado este viernes 18 de agosto sobre este asunto que acapara la atención de la actualidad municipal. Puente ha comparecido en la Plaza de la Rinconada, en la «puerta de atrás» de la Casa Consistorial ya que considera que es el lugar por el que Carnero «quiere meter al alcalde B», una figura que ha comparado, aunque con matices, con la que ejerció Fernando Rubio como consejero delegado de Presidencia en el Ayuntamiento durante el mandato del popular exalcalde Javier León de la Riva.

En palabras de Óscar Puente, la creación del nuevo «cargo» nombrado «a dedo» va a suponer la contratación de una persona «a razón de 85.000 euros al año» para que «le sustituya en las labores que está claro que no quiere hacer» y que además contará con la asistencia de «una secretaria», por lo que el PSOE estima que en total tendrá un coste de 156.000 euros anuales. «Si tú no has sido ni siquiera elegido como alcalde y anuncias que te vas al Senado, te vas al Senado y el mismo día que tomas posesión, que desde luego no ha podido elegir mejor la fecha, anuncias que vas a contratar a una persona que va a ejercer básicamente las labores que le corresponden al alcalde, pues es evidente la falta de compromiso que tiene este hombre con la ciudad», ha indicado el socialista.

Por todo ello, Puente ha querido preguntarle a Carnero «para qué se presentó si no quería ser alcalde y hacer el trabajo», mientras ha recalcado que «se es alcalde para hacer lo que el alcalde tiene que hacer». Además, para el exregidor de Valladolid esto demuestra una «desconfianza absoluta hacia su equipo», y ha puntualizado que durante su mandato parte de las funciones que ahora delega Jesús Julio Carnero en esta figura de la Dirección de Coordinación recaían en algunos de los ediles de su grupo, como el exconcejal de Planificación y Recursos y actual portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero.

Por todo ello, Óscar Puente ha apuntado que la decisión de Carnero tiene un «antecedente» en el nombramiento de Fernando Rubio como consejero de la Presidencia del Ayuntamiento durante la etapa de Javier León de la Riva, con la diferencia de que en aquel momento había una «Ley de Grandes Ciudades» que recogía la figura de ese cargo, si bien recuerda que posteriormente el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional y por eso fue necesario anular el nombramiento. Los socialistas han indicado que la creación del puesto crea «muchas dudas legales» como oposición, porque consideran que «delegar funciones exclusivas del alcalde y de sus concejales electos en personas que no han sido elegidas democráticamente es una manera digamos de hacer lo que la ley de Grandes Ciudades permitía en su momento y después el constitucional anuló», pero además «sin una cobertura legal», ha concluido.