La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores en la provincia de Valladolid. Esta actuación se ha desarrollado en el marco de colaboración entre organismos públicos para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y contra el empleo irregular, a raíz de la investigación sobre un empresario por parte de la UCRIF Valladolid y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid. El 13 de septiembre del pasado año, se llevó a cabo la ejecución operativa de una inspección en un viñedo ubicado en la localidad vallisoletana de La Seca, donde se localizaba e identificaba una cuadrilla que se encontraban realizando labores de vendimia, dando lugar a una investigación.
El viñedo era explotado por una familia de la zona, que ante la necesidad de cumplir con los plazos de entrega de la uva, decidieron contratar los servicios de un empresario intermediario dedicado a la prestación de servicios agrícolas para que les facilitara trabajadores para la vendimia. El empresario les proporcionó una cuadrilla compuesta por 16 jornaleros, siendo él quien recibía el pago del propietario de la explotación, para después distribuirlo entre los jornaleros, quedándose una parte de cada uno, por lo que su beneficio personal aumentaba en atención al número de trabajadores contratados. Los 16 trabajadores identificados carecían de contrato laboral y alta en el Sistema de la Seguridad Social, eran ciudadanos de origen rumano y se encontraban en situación administrativa regular en España, por lo que no existía ningún impedimento legal para su contratación y tramitar su alta como trabajadores en el sistema de la Seguridad Social.
Los trabajadores realizaban jornadas maratonianas, trabajando ‘a destajo’ para finalizar cuanto antes y poder ser trasladados a otro campo. El empresario también era quien a su vez les proporcionaba alojamiento en un municipio de la provincia de Segovia, y era el encargado de entregarles el salario, descontando gastos derivados de la vivienda y transporte al lugar de trabajo. Como consecuencia de las gestiones operativas de investigación e informes elaborados con fundamento en la actuación conjunta, se pudo determinar que el empresario había incurrido en un delito contra los derechos de los trabajadores, en concreto un delito de ocupación simultanea de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social.
