La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) espera de los futuros gobernantes de Castilla y León, que adopten una actitud valiente y pionera para modificar la caduca Ley Orgánica de Libertad Sindical, y permitir su incorporación a la Mesa del Diálogo Social. Es imperativo que este foro se adapte a «la realidad socioeconómica». La norma sindical actual solo permite participar a los sindicatos considerados más representativos a nivel nacional o autonómico en todos los sectores, «dejando fuera a los más representativos en las administraciones públicas», ha destacado el presidente de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro.
CSIF considera que la ley que impide su participación parte de un error de base: «Aplica una norma que regula la negociación colectiva de las condiciones de trabajo a otro ámbito, que nada tiene que ver con esa negociación, como es el foro de Diálogo Social», argumenta. «Es precisa una actualización normativa pionera, que nos haga participes, junto a las organizaciones sindicales de clase y a la patronal. Confiamos en que los nuevos gobernantes sean receptivos y valientes al cambio producido, y dibujen un mapa normativo más justo y democrático que incluya la voz de CSIF», ha añadido Castro, quien ha recordado ejemplos, «como el iniciado por el Gobierno andaluz del PP y Cs que impulsa una ley que amplíe el Diálogo Social a más actores». Esta es una de las 16 medidas urgentes que CSIF ha reunido en un documento destinado a las formaciones políticas de la Comunidad, para que las hagan suyas en sus programas electorales. «Propuestas elaboradas desde nuestra independencia ideológica y política que queremos plantear a quienes se presentan a las elecciones autonómicas del 13 de febrero», ha destacado Benjamín Castro.
Para CSIF, tras la pérdida de derechos que se registró durante la pasada crisis económica, es obligatoria su recuperación para todos los empleados públicos. Entre ellos, y de inmediato, el regreso a la jornada de 35 horas semanales, la recuperación de la acción social y, muy importante, la recuperación del poder adquisitivo mediante la reducción de las diferencias salariales entre administraciones públicas y territorios en las mismas categorías, es decir, la equiparación salarial bajo la máxima de ‘A igual trabajo igual salario’ en cualquier punto de España.
De igual manera, deben compensarse las pérdidas entre subidas salariales y crecimiento del índice de precios al consumo (IPC), que en 2022 supondrá una caída real del 4,7% para los 86.000 empleados de la Administración castellano y leonesa. Entre las propuestas se incluye la elaboración, por las futuras Cortes regionales, de una ley de coordinación de cuerpos de bomberos, y para las policías locales se precisan más cursos específicos, un complemento de destino unificado, así como un temario único y cerrado para oposiciones y para la promoción interna.
Se recuerda que la convocatoria electoral ha paralizado las negociaciones entre la Junta y las organizaciones sindicales. «Exigimos respeto a los acuerdos parciales alcanzados y que se retomen las negociaciones para cerrar objetivos importantes como la nueva Ley de Función Pública, la Ley de Cuerpos y Escalas o las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), elemento éste que permite la configuración de plantillas y de las vacantes existentes», ha enumerado Castro.
CSIF considera imprescindible que el futuro Gobierno de Castilla y León se esfuerce en mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, especialmente en la conciliación de la vida familiar y laboral, en el reconocimiento de los puestos ultraperiféricos para luchar contra la despoblación, en la búsqueda de una regulación del teletrabajo flexible y realista, además de la homogenización de los derechos de los empleados públicos, sin privilegios o diferencias entre laborales y funcionarios.
