El anuncio del adelanto electoral en Castilla y León por parte del presidente Alfonso Fernández Mañueco ya está acumulando reacciones y muchas con condicionantes. Esta mañana el presidente de CSIF de Castilla y León, Benjamín Castro, ha valorado la convocatoria de elecciones autonómicas previstas para el 13 de febrero mostrándose insatisfecho con este adelanto ya que «podría poner en riesgo los compromisos adquiridos por la Junta de Castilla y León en los últimos meses, como ya ocurrió con el incumplimiento del acuerdo de la recuperación de la jornada de las 35 horas, firmado al final de la pasada legislatura».
Para evitar esta situación y que se repita la historia, el sindicato insta al Gobierno autonómico y a la Consejería de la Función Pública a seguir trabajando y negociando los próximos meses y a garantizar una imprescindible seguridad jurídica. El presidente autonómico de CSIF asegura que «estarán muy atentos si los partidos tienen en sus programas electorales el desarrollo y el alcance de los acuerdos». Desde CSIF advierten que «los acuerdos no los cierran con los partidos, sino con los gobiernos».
«Necesitamos que el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco confirme y garantice que va a respetar, mantener y aplicar los acuerdos firmados alcanzados, como son la creación de la carrera profesional, o el pago de los fondos adicionales a todos los empleados de la Junta; y otros que no se han firmado, pero están aceptados formalmente, como la reducción de ratios y de horas lectivas en los docentes», remarca Benjamín Castro.
Además, desde CSIF se ha realizado el balance anual calificando de «positivo» el diálogo con la Junta que estaba «roto» en la legislatura anterior, y que en los últimos meses «está dando sus frutos», en el camino de recuperar derechos perdidos, mejorar condiciones laborales y lograr equiparaciones salariales, que la propia Junta ha considerado necesario acometer, «y sobre lo que tenemos que conseguir consensos y acuerdos en 2022».
El sindicato ha lamentado la ausencia del diálogo en materia sanitaria y anima a Mañueco y su nuevo consejero Alejandro Vázquez, a que revierta la dinámica de enfrentamiento e imposición en Sanidad de su antecesora, Verónica Casado, y a que recupere la senda de la negociación y consenso, para abordar mejoras, tanto salariales para todos los profesionales de Sacyl, como en la planificación y gestión de la Sanidad de la Comunidad, muy tensionada por la pandemia y por la falta de personal. «Mañueco aseguró que tenía capacidad presupuestaria para la contratación de 50.000 profesionales y ese es el camino, y si tiene capacidad y voluntad que lo haga». CSIF pide al presidente de la Junta que refuerce las plantillas de Sanidad y Atención Primaria con nuevas incorporaciones para atender esta nueva ola a través de facultativos, colectivos de enfermería, etc.
Por otro lado, Benjamín Castro recuerda que quedan temas sobre los que hay que seguir negociando para rematar un acuerdo. Entre ellos, que se haga realidad las 35 horas, la aprobación del convenio del personal laboral, que CSIF denunció en 2018 y en el que lleva negociando un año, la nueva ley autonómica de Función Pública, los cambios en el operativo de extinción de incendios forestales y la creación de la figura del bombero forestal, el desarrollo del primer plan de igualdad y la reducción de la brecha salarial de la mujer o la regularización y normalización del teletrabajo, entre otros.
CSIF recalca a la Junta que no retrase las convocatorias de ofertas de empleo público pendientes de 2019 y 2020, con cerca de 7.000 plazas. En este sentido, Castro valora que se haya atendido la advertencia del sindicato independiente, y se hayan convocado ya las 621 plazas de administración general de la Junta que caducaban el 31 de diciembre.
Benjamín Castro insiste en que estarán vigilantes para que se cumplan todos los compromisos que la Junta ha adquirido con CSIF, la principal organización sindical de los empleados públicos y los cambios normativos que se produzcan en las jubilaciones a partir del próximo primero de enero, no perjudique a los empleados públicos de las Clases Pasivas, y no se recorten sus derechos de pensión.
