El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha confirmado la condena de 21 meses y un día de cárcel al administrador de una comunidad de propietarios de Valladolid tras apropiarse de un total de 96.000 euros de los comuneros a lo largo de los meses de abril y diciembre del año 2011.
La sentencia desestima el recurso del apelante, al que además impone costas, y ratifica en todos sus términos la condena impuesta el 3 de noviembre del pasado año por la Sección Segunda de lo Penal, que consideró los hechos constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida e impuso al encausado, Bernardo Luis G.R, la referida condena privativa de libertad y en concepto de responsabilidad civil el abono a la comunidad perjudicada, ‘Edificio Zorrilla’, de un total de 42.240,78 euros, con responsabilidad civil directa del condenado y subsidiaria de Fincur Asesores S.L.
Aunque la cantidad apropiada fue de 96.000 euros, el tribunal descontó de la misma los honorarios pendientes de cobrar por el encausado y otra que ya devolvió, según la información del TSJCyL. El condenado ejercía el cargo de administrador de la comunidad de propietarios ‘Edificio Zorrilla’, puesto en el que permaneció hasta el mes de noviembre de 2015, lo que le daba acceso a las claves bancarias de la cuenta de la agrupación vecinal y podía ordenar operaciones online con cargo a la misma.
La citada comunidad percibió el 20 de abril de 2011 de Edificasa 2.000 S.A. un abono en cuenta por importe de 147.000 euros correspondiente a un procedimiento ordinario del Juzgado de Primera Instancia 12 y a partir de entonces y hasta diciembre del mismo año el condenado comenzó a realizar trasferencias no conocidas, ni por tanto autorizadas por los comuneros, a una cuenta bancaria de su mercantil en la que llegó a ingresar un total de 96.406 euros.
De los 147.000 euros entregados a la comunidad de propietarios, la Audiencia de Valladolid ordena a los comuneros devolver a Edificasa la cantidad de 45.711 euros que no salieron de las cuentas de la comunidad de vecinos, sino que fueron abonados por el acusado, circunstancia que la acusación pública tuvo en cuenta a la hora de aplicar el consiguiente descuento en la indemnización solicitada para el administrador.
También han sido computados, a efectos de rebajar la indemnización en favor de la comunidad, los 9.566 euros que la comunidad debía al procesado en concepto de honorarios no abonados desde enero de 2011 hasta septiembre de 2015, de ahí que la cuantía indemnizatoria impuesta al administrador haya sido fijada finalmente en 42.240,78 euros, incluidos los intereses legales correspondientes.
