Castilla y León impulsa la transformación digital para incrementar el nivel de competitividad de sus empresas

La Junta promueve que la transformación digital se incluya dentro de los planes de desarrollo de las empresas de Castilla y León para incrementar su nivel de competitividad y «aprovechar las ventajas que las herramientas y sistemas basados en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ofrecen para mejorar el rendimiento de sus procesos de producción, la calidad de sus productos y la sostenibilidad ambiental». Así lo ha indicado la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, en la visita realizada a Bodega Emina, donde ha tenido la oportunidad de conocer el plan de digitalización que está implementando en el medio rural, reconocido en la categoría de mejor transformación digital en los V Premios de la Industria del Colegio de Ingenieros de Valladolid.

En su visita, Gonzalez Corral ha recordado la convocatoria de ayudas que se encuentra ahora mismo en marcha y que está destinada a reforzar la conectividad de alta velocidad en zonas de concentración empresarial del medio rural. Está dotada con 9’3 millones de euros y se dirige, principalmente, a polígonos industriales, centros logísticos y zonas de especial actividad económica adaptadas a las peculiaridades de los pueblos.

Este programa de ayudas financiadas con cargo a los Fondos Europeos NEXT Generation busca, gracias al despliegue de fibra óptica, elevar la capacidad de acceso a Internet en las zonas determinadas como de ocupación empresarial hasta llegar a 1 Gigabit por segundo (Gbps), elemento fundamental para multiplicar las oportunidades que la digitalización ofrece a las empresas ubicadas en la Comunidad, a juicio de la consejera. Las ayudas se distribuyen en cuatro líneas bien diferenciadas, estableciendo un máximo subvencionable del 80% del coste del proyecto.

La primera línea, que cuenta con 4’23 millones de euros de presupuesto máximo, se dirige a los operadores de telecomunicaciones habilitados que logren dotar de conectividad de muy alta velocidad a polígonos industriales y centros logísticos, así como otras áreas de alta concentración empresarial. Los proyectos se referirán a redes de acceso, incluyendo los enlaces de transmisión (backhaul); inversiones en infraestructuras pasivas, reutilización de infraestructuras existentes y la puesta a disposición del resto de operadores.

La segunda línea, dotada con otros 2’33 millones de euros y dirigida también a los operadores habilitados, busca favorecer la instalación de una red de muy alta velocidad dentro de los emplazamientos de la línea anterior y zonas industriales adyacentes, cuando estos se encuentren en terrenos de gestión pública. La tercera línea, dotada con un importe de 899.420 euros, se centra en comunidades o agrupaciones de propietarios, personas jurídicas o entidades vinculadas a la gestión, funcionamiento o dinamización de un polígono industrial o centro logístico, que se encuentre en terrenos de gestión privada y que quiera establecer una red para acceder a los servicios de muy alta velocidad mediante instaladores habilitados.

Y la cuarta y última línea, dotada con 1’86 millones de euros, está pensada para personas físicas y jurídicas titulares de bienes inmuebles situados en un ámbito material de actuación o en zonas industriales adyacentes al mismo, que quieran instalar una red interna de comunicaciones electrónicas de alta velocidad capaz de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps dentro del emplazamiento de la empresa, siempre que lo hagan a través de instaladores habilitados. Estas líneas de ayuda están condicionadas a ciertos requisitos de conectividad subyacentes de convocatorias del Estado previas de lo que se conocen por los planes ‘UNICO’. Así, los solicitantes tendrán que tener en cuenta que las bases prevén actuar en aquellas áreas industriales, logísticas u otras similares que estén ubicadas en zonas consideradas por el Estado como ‘grises’ o ‘blancas’ desde el punto de vista de la cobertura de redes de banda ancha de última generación.

Los gastos que pueden imputarse a estas ayudas son todos los relacionados con la construcción o modificación de infraestructuras y obra civil; equipamiento y otros materiales; gastos de personal propio; otros costes como la realización del correspondiente informe o proyecto técnico; los impuestos indirectos aplicables cuando no sean susceptibles de recuperación o compensación por el beneficiario. No obstante, se excluye expresamente en los gastos subvencionables el IVA; y siempre que todos ellos se hubieran comprometido o realizado con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

El plazo establecido para la ejecución de los proyectos marca el 31 de agosto de 2023 como fecha máxima en todos los casos, y el de presentación de solicitudes varía en función de la línea. En el caso de las tres primeras está fijado hasta el 23 de enero de 2023. Las dos primeras líneas de ayudas se resolverán en régimen de concurrencia competitiva. En el de la tercera, la concesión se realizará mediante asignación directa. Y en el de la cuarta y última, que también se resolverá por asignación directa, el plazo de presentación se cierra el 21 de marzo de 2023.