La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha celebrado esta mañana dos reuniones con sendos sectores afectados por los paros del transporte por carretera para garantizarles que cuentan con la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para salvaguardar el derecho al trabajo y para que se trasladen las mercancías de cara a que no se produzca desabastecimiento de productos de primera necesidad.
Así se lo ha comunicado en primer lugar a los responsables de las agrupaciones de Castilla y León representadas en el Consejo Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que pertenecen a CETM y FITRANS. En la tarde de hoy y durante los próximos días se seguirán realizando reuniones por sectores y comisiones de asistencia para ir adoptando medidas ante la evolución de los acontecimientos. Barcones ha explicado que ya hay un detenido y una veintena de investigados por delitos contra la seguridad vial o desórdenes públicos. Los «actos vandálicos», ha dicho, “que ponen en riesgo la seguridad de las personas y que pueden provocar accidentes muy graves, no van a quedar impunes”.
Además, también se ha referido al artículo 172 del Código Penal que hace referencia a las coacciones y que, por norma general, se castiga con pena de prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses, en función de la gravedad de la coacción o de los medios empleados. La delegada del Gobierno ha recordado que, en este caso, no se puede decir que estemos ante una huelga de trabajadores ni ante un paro general.
La representante del Gobierno de España en Castilla y León ha pedido a los responsables de las agrupaciones de transportistas que transmitan a sus asociados que se pongan en contacto, por los cauces que se han habilitado a través de las subdelegaciones del Gobierno, o por los que les resulten más rápidos y eficaces en caso de emergencia, para que puedan actuar lo más rápidamente posible.
A los sectores encargados de la cadena de distribución, la delegada también les ha ofrecido, como ha venido ocurriendo durante toda esta semana, la escolta policial desde el origen hasta el destino de los camiones que transporten estas mercancías. En la reunión del pasado viernes se arbitró también la fórmula de la acción directa de los subdelegados del Gobierno y de la propia delegada para poner en marcha la protección de los convoyes.
Durante la semana de paros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han escoltado a más de 1.500 camiones que han llegado sin problemas a su lugar de destino y han regresado también escoltados al punto de partida. «Vamos a seguir actuando con contundencia», ha dicho la delegada, «y con proporcionalidad. Si la violencia sigue creciendo también tendrá que ir creciendo en intensidad la actuación de la Guardia Civil y de la Policía, como es obvio, dentro de los parámetros de la legalidad».
Según Barcones, «no es concebible que se arrojen piedras a las lunas de camiones en marcha que puedan acabar en un grave accidente en el que pueden perderse vidas humanas. O que se esparzan ruedas y clavos por las carreteras, algo que también puede acabar en alguna tragedia. O que se pinchen indiscriminadamente ruedas de camiones o se ataque y golpee a las personas que quieren trabajar. La Policía y la Guardia Civil están para evitar la comisión de delitos y todos los hechos descritos son delitos y están severamente castigados por nuestras leyes». Para hacer frente a los actos de sabotaje que se están produciendo y garantizar la normalidad en el transporte están actuando en Castilla y León más de 3.500 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
