La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado la puesta en marcha de los ‘Bonos de Urgencia Social’, una prestación para atender situaciones de necesidad puntuales como las derivadas de la subida de la electricidad, y diversas ayudas para el fomento de la natalidad o la conciliación entre las que destaca el ‘Bono Concilia’ o la gratuidad del programa ‘Crecemos’ . Blanco ha avanzado también la aprobación de una ley de derechos de las personas mayores que impida la discriminación por edad, el desarrollo de las medidas del Plan Estratégico de lucha contra la soledad no deseada y la conexión de las historias sociales y clínicas de los Servicios Sociales con los de Sanidad, Educación, Empleo y Vivienda para dar respuestas más rápidas y ágiles a los ciudadanos.
La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comparecido esta tarde en la sede de las Cortes de Castilla y León para informar sobre el programa de actuaciones a desarrollar en la XI Legislatura autonómica. Allí ha avanzado que las prioridades y objetivos de su Consejería se centrarán en consolidar un sistema de servicios sociales de calidad, eficiente, accesible y gestionado bajo un enfoque ético; reforzar, incrementar y mejorar significativamente la protección social para llegar a más personas; y ofrecer una atención personalizada en todo el territorio que apoye y proteja eficazmente a las familias y a las personas más vulnerables.
Para lograr estos objetivos, Isabel Blanco ha anunciado el impulso de una profunda modernización de los servicios sociales de la Comunidad que permitirá incrementar la calidad en la atención, optimizar los recursos y llegar a todas las zonas de Castilla y León, especialmente al ámbito rural, así como para ofrecer respuestas eficaces a las nuevas necesidades que aparecen en nuestra sociedad. Precisamente, ha recordado que el modelo de Atención a la Dependencia 5.0 constituye el paradigma de esta apuesta por la modernización, situando a las nuevas tecnologías al servicio de los cuidados de las personas dependientes.
Para su desarrollo, dicha modernización contará, además de con las aportaciones de la Junta, con la financiación derivada de los fondos de la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia. En este sentido, la consejera ha recordado que ·Castilla y León está gestionando en el ámbito de los Servicios Sociales un total de 200 millones de euros procedentes de los distintos instrumentos diseñados por la Unión Europea para impulsar la recuperación de los estados miembros tras la crisis sanitaria, económica y social de la Covid-19·.
Reconocer y respaldar a las familias de Castilla y León es, sin duda, la mejor inversión social y así lo ha manifestado Isabel Blanco quien también ha recordado que su departamento va a impulsar una potente política de apoyo a las familias para lo que se ampliará su protección social, jurídica y económica y se potenciarán todos los servicios y medidas que se incluyen en el Plan Familias, dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años de la Comunidad. Un plan que, en esta legislatura, movilizará más de 1.500 millones de euros en ayudas y programas para las familias de Castilla y León.
La consejera durante su intervención ha reiterado que el fomento de la conciliación y la corresponsabilidad es una de las respuestas más eficaces para frenar el descenso de la natalidad. Por esta razón, una de las primeras medidas que se tomarán será «el incremento de las ayudas a través de la ampliación del ‘Bono Concilia’, cuya convocatoria se publicará mañana, día 20 de mayo, con un presupuesto de 10 millones de euros».
Asimismo, ha anunciado la implantación de la gratuidad del programa ‘Crecemos’, que ofrece cobertura de plazas en centros infantiles a menores de 0 a 3 años en localidades del ámbito rural con una demanda inferior a 15 plazas, donde no exista ningún otro recurso de conciliación, así como la ampliación del programa ‘Conciliamos’ a todos los centros 2030 de Castilla y León, con la gratuidad para sus asistentes.
Como principal novedad, Isabel Blanco ha explicado que a lo largo del año que viene «pondremos en marcha un nuevo servicio de conciliación para familias con menores con discapacidad que asisten a centros de educación especial». Además, y con el objetivo de luchar contra la despoblación, también se creará una nueva línea de ayudas para el fomento de la natalidad en Castilla y León, con un cheque bebé de hasta 2.500 euros por nacimiento de hijo, que se implantará este mismo año.
Castilla y León es una de las comunidades autónomas que presenta menores índices de pobreza en España y, a pesar de ello, el difícil contexto económico actual provoca que muchas familias no puedan hacer frente a sus necesidades más básicas. En este sentido, el compromiso de la Junta es rotundo: nadie puede quedar atrás. Por ello, se dedicarán los recursos y esfuerzos que sean necesarios para proporcionar la mayor protección y atención social a las familias más vulnerables. El Plan Anticrisis del Gobierno de Castilla y León anunciado hace un mes establece medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables por un importe estimado de 45 millones de euros.
Estas actuaciones se incorporan a los servicios y programas integrados en la Red de Protección a las Familias -que atiende anualmente a 174.000 de ellas con un gasto medio de 220 millones de euros- y entre las que destaca el incremento en 4 millones de euros en 2022 a las Corporaciones Locales para reforzar los apoyos a las familias más vulnerables. De esta manera, la Junta de Castilla y León facilita que puedan hacer frente a los suministros energéticos, al incremento de las cuantías de los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía que no sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y a la agilización del pago del bono térmico para los más de 83.000 beneficiarios. Como novedad, otra prestación que se incorporará a la Red de Protección son los ‘Bonos de Urgencia Social’ que permiten atender situaciones de necesidad puntuales, como pueden ser las derivadas de la subida en el precio la luz y que incluye una ayuda a domicilio para las familias vulnerables con menores a su cargo.
En la actualidad, casi 53.000 menores de Castilla y León se benefician de las distintas medidas de apoyo a la infancia en nuestra Comunidad. En su apuesta por la atención y protección a los mismos, la Junta va a consolidar la red de centros específicos de protección a la infancia, desarrollará nuevos programas de apoyo a menores, especialmente enfocados a la formación e inserción laboral, y reforzará y adaptará el programa de acogimiento familiar.
De hecho, más de 15 millones de euros procedentes de los fondos europeos se destinarán a la inversión en el ámbito de la infancia en Castilla y León, con el objetivo de realizar las obras necesarias para poder implantar el nuevo modelo de atención a la infancia, centrado en el niño y en sus necesidades. Un modelo que se basa en la implantación de unidades de convivencia y que se extenderá a todos los centros residenciales de menores de la Comunidad de titularidad de la Junta, como es el caso del que se construirá en Salamanca.
Un problema social cada vez más creciente es la violencia intrafamiliar, como se pone de manifiesto en los informes de la Fiscalía que recogen que entre un 10 y un 15 % de las agresiones en el ámbito familiar no se denuncian. Además, existe un incremento de episodios graves de violencia de hijos adolescentes contra sus padres, así como del maltrato dentro de la familia a las personas mayores o el bulling entre hermanos, especialmente cuando uno de ellos es una persona con discapacidad.
Para hacer frente a estas situaciones Castilla y León cuenta desde 2019 con un Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar cuya vigencia finaliza el próximo año. Por ese motivo, la consejera ha avanzado que, en esta legislatura, «lo que queremos es consolidar esta actuación y dotarla de rango legal, aprobando para ello una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar».
La nueva ley es útil y necesaria para prevenir este tipo de violencia y permitirá su detección con mayor eficacia y rapidez, a la vez que garantiza que todos los agentes implicados conozcan cómo actuar ante estas nuevas situaciones y establece los recursos y programas necesarios para garantizar la atención inmediata e integral a las víctimas, así como las alternativas habitacionales y de medios de subsistencia, los apoyos técnicos y las ayudas a huérfanos víctimas de este tipo de violencia.
Para facilitar la resolución de conflictos en el ámbito familiar, la Junta abrirá los centros ‘MediaCyL’ de mediación y apoyo a todas las familias que lo necesiten. Estos espacios ofrecerán ayuda psicosocial especializada a todos y cada uno de los miembros de la familia a través de diversos servicios de carácter gratuito, personalizado y confidencial, que atenderá un equipo multidisciplinar.
