El anteproyecto de la Ley de Movilidad anunciado en el último Consejo de Ministros ha agitado el proyecto de soterramiento que aspira el Ayuntamiento de Valladolid para la ciudad. Ante el anuncio ofrecido esta misma semana por el Gobierno de España, hoy el alcalde Jesús Julio Carnero ha ofrecido su primera valoración al respecto mostrándose «tranquilo» ante la situación del proyecto, a pesar de los nuevos porcentajes de participación de las diferentes administraciones. En este sentido, el texto del proyecto de Ley refleja que el Gobierno de la nación solo abonaría el 30% de las operaciones ferroviarias, quedando el 70% restante a cargo de la administración local. En esta línea, el regidor ha salido al paso señalando que «dentro de los apartados del anteproyecto de la Ley de Movilidad existe la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda ampliar el porcentaje de participación«.
Jesús Julio Carnero ha avanzado que de cara a la tramitación parlamentaria de dicha Ley, el Grupo Popular realizará el correspondiente estudio y la presentación de enmiendas. A pesar de estos cambios que pueden aparecer con esta futura Ley de cara a la participación del proyecto de soterramiento, el alcalde de Valladolid se ha mostrado confiado en que el Gobierno pueda modificar los porcentajes de cara a la operación soterrada en la ciudad del Pisuerga como ocurrirá «a buen seguro» para proyectos en otras poblaciones como Cataluña, «y más si cabe cuando el ministro del Área -en referencia a Óscar Puente-, es de Valladolid». «Si estos porcentajes se amplían en otras zonas, cómo no va a pasar en Castilla y León«, se preguntó de manera irónica el regidor.
«Esta potestad que tiene el Consejo de Ministros de modificar los porcentajes puede ser utilizada para el proyecto del soterramiento que tiene emprendido la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid», subrayó Carnero. «Nos estamos moviendo en otro ámbito como el de la modificación del convenio que habla de una integración en superficie y queremos que sea soterrada«, apuntaba el alcalde, quien no cesa su objetivo de «acabar con los túneles para personas e introducir los túneles para los trenes, como se está acometiendo en otros lugares de España». «Valladolid no puede ser más pero tampoco menos que nadie porque Valladolid no se puede conformar con la mal llamada integración sino que quiere soterrar la vía del tren porque esa es la expresión de la voluntad popular de mayo, y el resto son imposiciones«, señaló.
Además, Jesús Julio Carnero no dudó en volver a reivindicar la modificación del convenio de integración del año 2017 y presentarán en las cámaras nacionales las oportunas enmiendas. Precisamente, en la jornada de este viernes 16 de febrero, está previsto que se celebre un pleno monográfico del Consejo de Administración en el cual se estudie el proceso de traspaso de la integración en superficie a la soterrada en la ciudad de Valladolid, y donde según ha explicado el alcalde, se hablará de «longitud, tiempo, plazos y participaciones de las administraciones». «Como estamos en un proceso inicial negociador lo que plantea este Ayuntamiento es comunicarnos, hablar y estudiar la mejor fórmula para la ciudad y apartarnos de lo peor que son los túneles del miedo. Eso es precisamente lo que quieren los vecinos y no es un capricho del alcalde«, se mostró contundente Carnero.
«Llevamos desde mayo intentando hablar con la anterior ministra de Transportes y ahora con el actual responsable del Ministerio para empezar a tratar estos temas con la conclusión que corresponda, pero no hemos conseguido absolutamente nada«, se refirió el primer edil, quien también advirtió que desde el Gobierno de España está poniendo «todos los obstáculos» y «no está mostrando las ganas de avanzar» en lo que pide la ciudad en relación al soterramiento. Por último, Carnero volvió a clamar por el aplazamiento del pago de los 11 millones de euros a la Sociedad Alta Velocidad de Valladolid, de los cuales según ha destacado el alcalde, 8 son de origen y los otros 3 son «herencia» de los reajustes del anterior equipo de Gobierno de Óscar Puente, «y que en aquel momento la SAV tuvo a bien conceder su aplazamiento«.
