CSIF Castilla y León lamenta el incumplimiento de la implantación, seguimiento y evaluación del I Plan de Igualdad para los Empleados y Empleadas Públicas (EEPP) de la Junta de Castilla y León, año y medio después de su aprobación en la Mesa General de Negociación de Empleados y Empleadas Públicas el 23 de diciembre de 2020, y posterior publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León el 22 de febrero de 2021.
Asimismo, en la rueda de prensa conjunta celebrada este martes en Valladolid junto a representantes de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, han anunciado que presentarán una denuncia ante la Inspección de Trabajo, para que exija al Gobierno autonómico la convocatoria de una reunión ordinaria de la comisión de seguimiento del Plan. Los tres sindicatos recriminan a la Junta que no hayan facilitado datos para poder evaluar el seguimiento del Plan de Igualdad, ya que en febrero de 2022 se tenía que haber elaborado un informe y una memoria anual, tal y como lo recoge el propio Plan, que no se ha podido presentar.
La primera consecuencia de la inaplicación del Plan de Igualdad es la desconfianza que se genera hacia la Junta de Castilla y León, tras un nuevo incumplimiento de un acuerdo con sus empleados y empleadas públicas, advierten los tres sindicatos, que recuerdan que todavía sigue pendiente la aplicación del acuerdo de la recuperación de la jornada de 35 horas semanales. «El Gobierno autonómico ha entrado en una peligrosa dinámica de incumplimientos», alertan.
La falta del desarrollo del Plan ha impedido la implantación de sistemas objetivos de selección del personal contratado, garantizando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Tampoco se ha podido elaborar y aplicar un protocolo para el embarazo y la lactancia; o no se ha creado una bolsa de horas laborables recuperables que facilite la conciliación de la vida laboral con la familiar y personal.
También dicen que ha quedado pendiente la realización de protocolos específicos de actuación ante el acoso sexual, o que garanticen la carrera profesional y la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Además, no se ha incorporado un enfoque de género al Plan de Prevención de Riesgos Laborales, «que reconozca el impacto diferencial entre hombres y mujeres, las evaluaciones y la planificación de la actividad preventiva».
La Junta no ha presentado un análisis comparativo de las retribuciones de las plantillas por sexo, por clasificación profesional y por trabajos similares, con el fin de reducir la brecha salarial de género que existe. En cuanto a la incorporación de un lenguaje inclusivo o la exclusión de imágenes sexistas, tampoco se ha he hecho nada en la administración de la Junta de Castilla y León, al incumplir ésta el Plan de Igualdad «se nos ha privado del desarrollo de acciones de formación y sensibilización que promuevan la corresponsabilidad; la ruptura de roles y estereotipos, la igualdad de oportunidades y contra la violencia de género, remarcan desde CSIF.
Por último, recuerdan que hubo que esperar siete años de negociación y una denuncia en la Inspección de Trabajo para que la Junta aceptara un acuerdo con las organizaciones sindicales, para aprobar un Plan de Igualdad, el 22 de febrero de 2021, «sin que hasta el momento se haya avanzado en nada, cuando su vigencia es de solo dos años, por lo que está a punto de finalizar. No nos queda tiempo», critican las organizaciones sindicales, quienes alertan del «total e intolerable desinterés de la Junta y de sus consejerías por el Plan de Igualdad. La convocatoria de elecciones autonómicas no puede ser la excusa de su paralización». «Ni se ha desarrollado el reglamento de funcionamiento de la comisión de seguimiento del Plan, ni se ha concretado un calendario anual de acciones», concluyen.
