El diálogo y la sintonía entre Gobierno, CCOO y UGT ha vuelto a evidenciarse apenas una semana después de que el Congreso de los Diputados aprobara la Reforma Laboral. Un acuerdo al que las patronales, CEOE y Cepyme, han dado la espalda. Tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social de este miércoles, se anunció que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá hasta los 1.000 euros mensuales, repartidos en 14 pagas, desde el 1 de enero de 2022. El salario base se incrementará en 35 euros con respecto a los 965 en los que quedó fijado desde el 1 de septiembre de 2021, siguiendo con las recomendaciones del informe del comité de expertos que reunió el Ministerio de Trabajo. En Castilla y León beneficiará a 100.000 personas.
El Diálogo Social se ha vuelto a imponer como herramienta clave en los intereses de los trabajadores y trabajadoras de España y de Castilla y León. Si la aprobación la semana pasada de la Reforma Laboral se valoró como un logro histórico, no lo es menos el acuerdo alcanzado este miércoles entre el Gobierno y las dos fuerzas sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, que permitirá la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas. En España beneficiará en torno a 1.809.000 personas asalariadas, de las cuales 1.518.000 trabajan a tiempo completo y 290.000 trabajan a tiempo parcial. En el caso de Castilla y León, el número de beneficiarios rondará los 100.000. El secretario general de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés, ha hecho hincapié en la progresión que ha tenido el incremento del SMI «pasando de 707 euros en 2017 a 1000 en 2022, es decir, en apenas cinco años los trabajadores y trabajadoras han visto cómo el salario mínimo ha subido casi 300 euros, un 41,5%».
10.000 trabajadores de Castilla y León, con convenio de empresa que pasarán a estar vinculados salarialmente al convenio del sector, gracias a la Reforma Laboral, recién aprobada, se beneficiarán directamente de la subida del SMI ya que las empresas usaron la preferencia del convenio de empresa para rebajar salarios al nivel del salario mínimo.
La subida del SMI, tal y como ha destacado Andrés, «tendrá especial repercusión en tres colectivos: jóvenes, mujeres y trabajadores del campo». Así, el perfil de la subida refleja a una mujer entre 16 y 34 años con un contrato temporal que trabaja en la agricultura o el sector servicios. El aumento del SMI ayudará a cerrar la brecha salarial entre géneros. Del total de beneficiarios de la subida a tiempo completo, el 55% son mujeres y el 45% hombres. Los más jóvenes estarán entre los más beneficiados por la subida. Casi el 31% de los jóvenes entre 16 y 24 años que trabajan a jornada completa se verán beneficiados por la subida. Le siguen los jóvenes entre 25 y 34 años con casi un 15% de incidencia. El 40,5% de las personas asalariadas en la agricultura se verán beneficiadas por la subida del SMI.
El gecretario general de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés, ha advertido que «éste es otro paso determinante que sigue la pauta hasta alcanzar en 2023 un SMI del 60% del salario medio en España que rondará los 1065 euros. Esto va directo al consumo, dinamiza la economía y facilita el empleo». El líder sindical también ha salido al paso del argumentario de la patronal advirtiendo que esta subida «no va a tener unas consecuencias catastrofistas paras el empleo. Nada más lejos de la verdad. Solo tenemos que echar la vista atrás a las últimas subidas del SMI y la realidad ha demostrado todo lo contrario. El caso es torpedear todo aquello que no sintoniza con sus intereses». Vicente Andrés conmina a la CEOE a revisar todas las tablas salariales de 189 convenios sectoriales así como «corregir al alza los salarios que queden por debajo de los 1000 euros». También ha enfatizado la obligación a la cotización a la Seguridad Social “de inmediato” sobre los 14.000 euros anuales.
Los efectos de la subida, que entra en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero, pueden anticiparse tomando como referencia los que ya se confirmaron ante el importante incremento del SMI en 2019. Permitió que más de un millón de personas asalariadas mejorasen las condiciones de trabajo y la cohesión social del país. Además, los principales beneficiarios de la mejora han sido fundamentalmente los jóvenes y las mujeres, colectivo y grupo particularmente afectado por la precariedad laboral.
