El SAD se financia por tres vías: la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid y los propios usuarios del servicio. La Ley 16/2020 de Servicios Sociales de Castilla y León dispone cómo ha de ser la financiación del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. Esa norma establece que corresponderá a la Junta de Castilla y León la financiación del 90% de los módulos establecidos para los gastos derivados de la ayuda a domicilio, y que, a su vez, las entidades locales deberán aportar el 10% de la financiación. Además, los ayuntamientos podrán disponer la financiación complementaria adicional que consideren oportuna para la mejora del servicio.
La financiación de la Junta de Castilla y León se limita a casi 7 millones al año: 6.933.035 € para cada uno de los años 2021, 2022 y 2023. El Ayuntamiento de Valladolid considera que las cantidades que aporta la Junta de Castilla y León son manifiestamente insuficientes para garantizar el presente y también el futuro ante el creciente número de usuarios y las nuevas necesidades que tienen las personas mayores. La desproporción es evidente: en 2015 el presupuesto para atender este servicio ascendía 5.480.000 €, cantidad que ha ido aumentado hasta los 13.414.184 €. Pero mientras que el dinero aportado por el Ayuntamiento ha creciendo de forma progresiva, la aportación de la Junta ha sido tan limitada que si en 2015 la contribución de la Administración Autonómica cubría el 87,5% del Servicio, el pasado año solo llegó al 52,1%.
Como las políticas sociales del Ayuntamiento de Valladolid son prioritarias, el presupuesto municipal seguirá aumentando para que nadie quede desamparado. Este año 2022 el presupuesto necesario asciende a 18 millones de euros y en 2023 se prevén 20,5 millones. Si la Junta de Castilla y León no modifica al alza su presupuesto, la aportación se reducirán al 38,7% este año y el 33,9 el siguiente. Desde el año 2020 en el presupuesto del Ayuntamiento se incluye también la aportación de los usuarios, estimada en un 15%.
El diagnóstico, a fecha de hoy, revela que es imprescindible una mayor aportación económica de la Junta por el progresivo envejecimiento de la población. El número de mayores de 65 años asciende a 81.558, de los cuales 25.000 tienen más de 80 años. La proyección indica que dentro de tres años, en 2025, los mayores de 6 años serán 91.000 (casi 10.000 más) y de ellos 31.237 cumplirán más de 80 años, con las consiguientes necesidades. En consecuencia, las administraciones deben realizar un esfuerzo acorde a la población que solicitará este servicio.
«El Ayuntamiento de Valladolid atenderá a las personas mayores. Por ello, se prevé dedicar más de 20 millones, exactamente la previsión es llegar a los 20.584.150 € en 2023 al Servicio de Ayuda a Domicilio, cifra que irá creciendo notablemente hasta los más de 30 millones de euros en 2026». Así lo ha prometido el alcalde, Óscar Puente, al mismo tiempo que ha instado al Gobierno Regional a asumir su responsabilidad en este ámbito, para evitar que se generen listas de espera y los mayores queden desatendidos.
