La Junta de Castilla y León y la Reserva Regional de Caza ‘Sierra de Gredos’ incorporan un dron y visores térmicos para luchar contra el furtivismo en la Comunidad. Los medios de última generación, consistentes en un dron dotado de cámaras infrarrojas y sistema de vuelo nocturno, visores térmicos de última generación y equipos ópticos de alto contraste permitirán que los celadores de medio ambiente y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, así como los guardas rurales de la asociación, desarrollen de una forma más eficaz el control de actividades ilegales.
El dron será operado por personal de la empresa Eulen, capacitado mediante formación específica según normativa AESA, y adicionalmente también se ha formado o formará a personal de la Junta de Castilla y León. Además, otros dos agentes de la Guardia Civil han sido instruidos para su uso en misiones de rescate de alta montaña o de personas desaparecidas. El personal autonómico dispondrá también de dos visores nocturnos térmicos, de tipo monocular, para control de actividad de personas y vehículos en accesos y montes de la reserva, de tres prismáticos y un telescopio de gama alta para control de la actividad cinegética y evaluación de características de las piezas de caza.
Por su parte, la Asociación de Propietarios aporta un equipo de seis guardas rurales de seguridad privada, dotados de vehículos 4×4 de nueva generación para los trabajos rutinarios de este equipo. Los guardas rurales son habitantes de la comarca, lo cual, además de ser una garantía de conocimiento del territorio, contribuye a la fijación de la población rural mediante creación de empleo en comarcas con demografía desfavorable.
La adquisición de estos equipos por parte de la Asociación de Propietarios ha sido posible gracias al convenio suscrito por la Junta de Castilla y León y la Asociación de Propietarios, entidad jurídica compuesta por los ayuntamientos propietarios de los terrenos que forman parte de la Reserva, así como otros propietarios de fincas particulares. Gracias a este acuerdo, los ingresos generados por la actividad cinegética desarrollada en los montes propiedad de la Junta de Castilla y León son reinvertidos por esta Asociación en labores de conservación, mejora y gestión de la Reserva.
Cazar especies cinegéticas en época de veda es delito conforme al artículo 335 del Código Penal y de ahí que la Junta de Castilla y León vigile y prevenga a la Comunidad del furtivismo. Durante el año 2021, el personal de vigilancia detectó en el campo 15 cabezas de macho montés fruto de caza ilegal, lo que supone un impacto, estimando un valor medio unitario de 7.000 euros, con un montante de 105.000 euros que, consecuentemente, no fueron percibidos por los propietarios. En lo que llevamos de 2022, al menos se han detectado siete cabezas. Las actuaciones de vigilancia y lucha contra el furtivismo han dado lugar, al menos, a que cinco personas se encuentren en calidad de investigados, propuesto para sanción.
