El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y de la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, ha inaugurado hoy el I Congreso Nacional de la Propiedad Forestal Privada, que se celebra en la capital vallisoletana hasta el 20 de octubre. Unas trescientas personas, profesionales de todos los sectores públicos y privados, especialistas de ámbito internacional, ingenieros forestales, asociaciones de propietarios, funcionarios de las administraciones central y autonómica, profesores universitarios, abogados, empresas del sector y propietarios forestales del ámbito privado, debatirán por primera vez sobre la situación y futuro de la propiedad forestal privada en España.
El Congreso está segmentado en cinco sesiones -más una jornada de campo-, donde se analizarán temas tan importantes como el marco legal de la propiedad, la política agraria, la estructura de la propiedad, la fiscalidad o la comunicación forestal. La Junta de Castilla y León -el mayor propietario de la Comunidad con más de 90.000 hectáreas- gestiona el 40% de los terrenos forestales, del que se logran las tres cuartas partes de la producción, riqueza y empleo total vinculados a este sector. «A través del Programa de Movilización de Recursos Forestales -señala el consejero-, cuya revisión está prevista en esta legislatura, pretendemos dinamizar el 60 % restante, propiedad de entidades locales y de titularidad privada a través de una gestión adecuada y económicamente viable».
Suárez-Quiñones ha añadido que el modelo de gestión forestal diseñado por la Junta funciona razonablemente bien, «pero siendo conscientes del insuficiente desarrollo del modelo de gestión en los montes de régimen privado, queremos configurar un modelo propio en el que los selvicultores sean pieza fundamental». Para ello, se marca como reto, por un lado, la colaboración y el consenso de todos los agentes implicados con propietarios y asociaciones, y por otro, a través de entidades gestoras profesionales, que atiendan las necesidades particulares de los terrenos a su cargo y que, bien integradas con el resto de los agentes del sector y particularmente con los propietarios de los montes y la industria, sean capaces de movilizar los recursos disponibles en los montes que gestionen.
El consejero ha recordado que una de las principales debilidades del sector forestal de la Comunidad, común al conjunto del sector forestal nacional y europeo, es el minifundismo con cerca de 720.000 propietarios forestales en Castilla y León, «lo que dificulta una gestión adecuada y viable económicamente y lo que hace que prácticamente ningún propietario forestal sea selvicultor profesional». A este respecto, desde la Junta se apuesta por invertir esta situación, reduciendo la fragmentación de la propiedad forestal, consiguiendo explotaciones forestales más grandes y aumentando con ello su productividad y rentabilidad. «De la misma manera que durante el siglo XX Europa hizo un serio esfuerzo para reformar las estructuras agrarias concretado en unos potentes programas de concentración parcelaria y de mejora de la red viaria agraria, en el siglo XXI -señala Suárez-Quiñones- debemos abordar un programa similar para el sector forestal, y en Castilla y León, igual que fuimos pioneros en la concentración agraria, queremos ser pioneros en la concentración forestal».
Para conseguirlo, el consejero considera necesario que los propietarios forestales acepten integrarse en sociedades de tipo cooperativo y fusionar sus propiedades en una sola de la que serían copropietarios, señalando experiencias piloto en marcha en los términos municipales de Nieva y Aguilafuente, en la provincia de Segovia. «Todos tenemos un interés común que es conseguir explotaciones forestales rentables, que permitan a los selvicultores vivir de su explotación forestal, como hacen los agricultores», añadió Suárez-Quiñones. «Entre todos vamos a buscar soluciones para los principales problemas a los que os enfrentáis los propietarios de montes: la escasa rentabilidad, las dificultades para la comercialización, las trabas administrativas y las limitaciones a la gestión, como las que garantizan la conservación de la biodiversidad. Por eso es fundamental dialogar y poner en común problemas y soluciones. De ahí la transcendencia de la celebración de este primer Congreso Nacional».
Para ayudar en la solución de esos problemas, la Junta de Castilla y León ha mejorado las líneas de ayudas forestales en el marco del Programa de Desarrollo Rural incorporando una línea para las plantaciones productivas como las truferas, las maderas nobles o el pino piñonero; incrementando la dotación de la línea de ayudas a la ganadería extensiva, mediante desbroces de matorrales -fundamental para la prevención de incendios y que contribuye de manera importante a la integración del uso pastoral en la Gestión Forestal Sostenible-; manteniendo la línea de ayudas a la prevención de incendios y realización de tratamientos selvícolas y otras mejoras forestales, y completando el programa con la línea para la restauración de montes incendiados.
A este respecto, el pasado mes de agosto, ante el elevado número de solicitudes recibidas, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha incrementado la línea de ayudas para tratamientos preventivos de incendios de 30 a 41 millones de euros y la de mejoras a la ganadería extensiva mediante planes silvopastorales, de 20 a 27 millones de euros. Además, el consejero ha anunciado la puesta en marcha de un sistema de asesoramiento forestal que contribuya a la profesionalización del sector y que facilite el reconocimiento de nuevas juntas gestoras de montes de socios, y la gestión de otros montes de titularidad colectiva, apoyando la agrupación de producciones.
