Puente confía en firmar la próxima semana un protocolo de plazos para la ejecución de la Ciudad de la Justicia

El Campus de la Justicia avanza a pasos lentos, y de momento, sin un rumbo definido. A pesar de que el pasado viernes, la ciudad de Valladolid se mostrara unida para reclamar al Ministerio la ejecución del proyecto, por el momento, el Gobierno de España no termina de ser claro en los pasos a seguir. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, estuvo presente en dicha concentración después de ser crítico con su propio partido por la ausencia de grandes inversiones en los PGE 2023 para la Ciudad de la Justicia y que no desatasca la paralización del inicio de las obras.

En este sentido, Puente ha anunciado este miércoles 7 de diciembre novedades sobre este asunto y ha señalado que confía en que la próxima semana esté ya firmado el acuerdo con el Ejecutivo nacional con las cantidades y plazos para la realización del Campus de la Justicia. «Aún no hay nada firmado, estamos ahora en plena negociación con el Ministerio de Justicia, con intercambio de borradores y yo espero que tengamos un acuerdo como muy tarde la semana que viene», ha subrayado el regidor durante la presentación de la Fiesta del Tenis en Valladolid.

El alcalde vallisoletano ha reconocido que hacen falta compromisos «claros» y para ello exige al Ministerio un documento con «un protocolo con plazos, cantidades e ideas concretas», y que todo ello quede rubricado, aunque «a mí la foto de la firma me interesa cero», ha explicado. Cabe recordar que Puente anunció el pasado mes de octubre que suspendía el proyecto de la Ciudad de Justicia por la falta de asignación en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y calificó de «tomadura de pelo» la inversión de solo 200.000 euros al Campus.

Esta Ciudad de la Justicia que se ubicaría en el antiguo Colegio El Salvador pretende ser una sede única centralizando así todas las oficinas judiciales que se distribuyen por toda la ciudad, y de esta manera facilitar los trámites burocráticos a los vallisoletanos y un ahorro de costes del alquiler y mantenimiento de las actuales sedes.