La Junta invertirá 592 millones del Programa FEDER de Castilla y León hasta 2027

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado a representantes de empresas, cámaras de comercio, agentes económicos y sociales, universidades y entidades locales, entre otros, el programa FEDER de Castilla y León para el periodo 2021-2027. El programa invertirá 591.853.673 euros, de los cuales 236’7 millones de euros, el 40 %, son aportados por la Administración autonómica y 355’1 millones, el 60%, proceden de la Unión Europea. La UE establece una financiación del 60% al estar Castilla y León en el grupo de ‘Regiones en Transición’ junto con Galicia, Valencia, Cantabria, Asturias y La Rioja, entre otras, con un PIB per cápita entre el 75% y el 100% de la media de la UE.

Las regiones menos desarrolladas como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, por debajo del 75% del PIB per cápita, y las ultraperiféricas cuentan con una financiación del 85%; y la financiación es del 40% para las regiones más desarrolladas como son Madrid, País Vasco y Cataluña, entre otras. La programación del FEDER de Castilla y León se basa en principios horizontales como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación, el desarrollo sostenible con el principio de no causar daño significativo, cambio climático y biodiversidad.

Además, Castilla y León ha contado con Fondos Europeos desde los primeros períodos de programación, desde 1989, y en materia de gestión de estos Fondos cuenta con una amplia y sólida experiencia. Así, la Consejería de Economía y Hacienda ha realizado un trabajo de programación coordinado al tener en cuenta las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al Fondo de Transición Justa, que se suman a las procedentes del FSE+ y del FEADER para coordinar la complementariedad de estos recursos a las necesidades de la Comunidad.

El programa FEDER de Castilla y León se concentra en torno a tres prioridades de inversión acordes con los ‘Objetivos Políticos’ 1, 2 y 4, una Europa más competitiva y más inteligente; una Europa más verde; y, por último, una Europa más social e integradora. La primera prioridad es la Transición digital e inteligente y cuenta con una dotación de inversión de 262 millones de euros dirigidos a conseguir una Castilla y León más competitiva e inteligente, con acciones dirigidas al fomento de la I+D+i; la creación, digitalización e internacionalización de las empresas, y también destinadas a la digitalización de la Administración Pública.

La segunda prioridad se centra en lograr una Comunidad más verde: con una previsión de 242 millones de euros de inversión, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia y el ahorro energético en edificios públicos, así como la implantación de redes públicas de distribución de energía térmica, la prevención de riesgos y prevención y extinción de incendios forestales y la gestión adecuada de los recursos hídricos, junto con intervenciones en centros educativos dirigidas a su adecuación climática.

La tercera prioridad se dirige a lograr una Comunidad más social e integradora con 88 millones de euros, y que aglutina dos objetivos fundamentales que abarcan la transformación social y el impulso a la cultura y el turismo. Para ello se destina el gasto previsto a la construcción de nuevas infraestructuras educativas, a la implantación de soluciones tecnológicas para la mejora de la resiliencia del sistema sanitario, así como a actuaciones dirigidas a un uso sostenible de los Espacios Protegidos Natura 2000, además de reforzar el papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social.

Con las actuaciones que se van a poner en marcha, en el ámbito de las anteriores prioridades se pretenden alcanzar cinco retos como son fomentar la competitividad a través de la innovación y la investigación; facilitar la conectividad, capacitación y transformación digital; fomentar la eficiencia energética, las energías renovables y contribuir al proceso de descarbonización; mitigar los efectos del cambio climático, acelerar la transición verde y fomentar una economía circular; y cambiar el paradigma social de la Comunidad apostando por la igualdad en el acceso a servicios públicos de calidad.