En pleno Debate de Investidura para la Presidencia del Gobierno, el candidato socialista y presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, ha cargado contra los pactos de PP-Vox en comunidades, diputaciones o ayuntamientos, entre ellos el Gobierno en Castilla y León por los «recortes» de presupuesto para formación de desempleados, inmigrantes o violencia de género. «Las consecuencias de ese pacto de la ignominia ya se están viendo como en Castilla y León», se ha referido Sánchez mencionando el «recorte de fondos» y la «extinción» del Diálogo Social entre los sindicatos y la Patronal.
En sentido, Pedro Sánchez también apuntó que en las pasadas elecciones el PP «decidió bendecir a la ultraderecha y abrió las puertas a cinco gobiernos autonómicos». Durante su discurso, Sánchez no solo dirigió su crítica a Castilla y León sino que también se refirió a otros gobiernos autonómicos liderados por PP y Vox, como en Aragón con el «veto» de charlas sobre violencia de género destinadas a adolescentes, la eliminación la Dirección General de la lucha contra el Cambio Climático o los recortes de horas de consulta médica en las zonas rurales; en Madrid -ha proseguido Sánchez-, la derogación de la Ley LGTBI y el desmantelamiento contra la Red contra la LGTBIfobia, «todo este desmontaje legal implica el recorte de derechos y libertades, y algo muchísimo más grave, implica hacer aún más vulnerable a quien ya se siente vulnerable», destacó el socialista.
Ante estas palabras, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado contundente en sus redes sociales asegurando que «Sánchez ha hecho un discurso contra Castilla y León con el que ha demostrado que no va a gobernar para todos. Ha mentido e insultado gravemente a esta tierra con el aplauso del PSOE. En Castilla y León no hay recortes sino ampliación de derechos». En este sentido, en primer lugar, Mañueco ha destacado que en materia de igualdad entre mujeres y hombres, «Castilla y León ha incrementado este año en casi un 10% la partida destinada a la promoción y apoyo a las mujeres, de 10,8 a 11,8 millones de euros».
Además, en cuanto a la lucha contra la violencia machista, el líder del Ejecutivo autonómico ha querido remarcar que «no solo no hemos dado ni un paso atrás sino que además, seguimos reforzando las medidas de prevención, detección y lucha contra esta lacra. De hecho, se ha aumentado la financiación en un 69% de las casas de acogida y centros de emergencia». «Somos la Comunidad que más porcentaje de su presupuesto destina a los servicios públicos. Castilla y León es líder en atención a la dependencia, según informes independientes; estamos a la cabeza de España en Educación, según el informe PISA y otros estudios independientes», defendió.
Sobre las acusaciones que ha hecho Pedro Sánchez al Gobierno de Castilla y León, el presidente Fernández Mañueco también ha destacado las medidas que se han puesto en marcha desde la Junta en materia de Sanidad, Servicios Sociales y atención al inmigrante así como los acuerdos alcanzados con los sindicatos. «Castilla y León es la comunidad con más médicos de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes. Estamos tramitando una ley en las Cortes para garantizar los servicios esenciales y básicos en todo el territorio», apuntó Mañueco, quien también defendió que nuestra Comunidad «es una tierra de acogida y solidaria. Hemos incrementado este año un 65% los recursos económicos a las entidades sociales que trabajan con inmigrantes y refugiados».
«A pesar de la deslealtad del Gobierno de Sánchez, nuestra comunidad ha prestado todos los servicios a las personas migrantes y seguiremos ayudando a todas las personas que lleguen a nuestra tierra», defendió el presidente autonómico. «El Diálogo Social está vivo y en funcionamiento en Castilla y León. Así lo demuestra la firma de acuerdos tan importantes como en materia de prevención y extinción de incendios. Están abiertas las mesas de diálogo en economía, competitividad, educación, vivienda, igualdad o medio ambiente», manifestó. Por último, Fernández Mañueco concluyó que su Gobierno ha firmado acuerdos con los sindicatos en la función pública para aplicar la jornada de las 35 horas semanales, «el Serla sigue funcionado y continua financiado por la Junta, y además, los tribunales nos han dado la razón en cuanto a las aportaciones».
