La Guardia Civil de Valladolid investiga a 17 personas por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, por realizar obras de construcción o edificación no autorizadas en suelo no urbanizable y a 3 personas más por un delito de estafa a los anteriores, ya que con ánimo de lucro, utilizaron engaño para producir error en otro. Los agentes de la Benemérita tuvieron conocimiento de numerosas obras de construcción en el término municipal de Cigales, tratándose de suelo rústico común no urbanizable, así como la subparcelación irregular de una parcela para usos incompatibles con el planeamiento urbanístico y normas subsidiarias municipales del Ayuntamiento de la localidad.
Estos hechos fueron verificados por la Guardia Civil, observando numerosas obras en construcción, vallados de recintos, cimentaciones, construcción de casetas, instalación de depósitos de agua y fosas sépticas y varias viviendas en construcción. En virtud de la investigación policial seguida por las edificaciones y construcciones detectadas en dicha parcela, se tuvo constancia de que una inmobiliaria de Valladolid había sido la encargada de su publicidad y venta. Por todo esto se instruyeron diligencias policiales las cuales fueron remitidas, a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid. En el mes de mayo de 2023, se recibió un auto judicial por el cual se acordó la adopción de la medida cautelar interesada por el Ministerio fiscal de la paralización de todas las obras de urbanización y edificación realizadas en la parcela en cuestión.
Según se desprende de un informe técnico, sobre valoración de expropiación de la parcela conforme a la descripción recogida en el catastro, el uso del suelo es clase rústico, uso principal agrario. La Guardia Civil consideró que tanto la inmobiliaria, como el propietario de la parcela, habían incrementado o sobre valorado el precio del metros cuadrados de las subparcelas constituidas irregularmente de suelo rústico agrario, lo que llega a suponer en algunos casos un incremento de entre un 700% y un 2000% del valor del metros cuadrados, especulando con el valor del suelo, pudiendo entender los adquirientes que efectivamente compraban un suelo urbano por el precio que estaban pagando por el mismo.
Independientemente de lo anterior, las personas que han construido en el interior de sus parcelas o delimitado las mismas con vallados sin ningún tipo de autorización administrativa, podrían ser consideradas como autoras de un Delito Sobre la Ordenación del Territorio y el Urbanismo al realizar obras de construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable. Este supuesto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo se encuentra tipificado en el código penal en su artículo 319.2 y puede conllevar una pena de prisión de uno a tres años.
