En la época de mayor demanda del año, en casi la totalidad del territorio nacional ya no es posible obtener cita previa para la renovación del DNI hasta el mes de septiembre. En Castilla y León ha empeorado en varias de las provincias hasta situarse la cita previa en septiembre en Burgos, o para la segunda quincena de agosto en Valladolid. En el resto de las provincias también se tiene que esperar al mes de agosto para poder encontrar citas disponibles. Desde los sindicatos CCOO, UGT Y CSIF lamentan el colapso de las oficinas de documentación de la Dirección General de la Policía y cuyas consecuencias «ahora paga la ciudadanía».
Los sindicatos dieron la voz de alerta sobre la situación de las unidades de documentación de la Dirección General de Policía, donde la falta de previsión y organización de los responsables policiales estaba generando, según UGT, CSIF y CCOO, una «tormenta perfecta» para que se saturase este servicio público.
Finalmente, y por desgracia, las previsiones que anunciábamos los sindicatos se han cumplido y el mapa del territorio nacional cuenta ya con pocas excepciones de oficinas de expedición que ofrezcan citas antes del mes de septiembre.
Las personas responsables de la Dirección General han realizado aclaraciones a este respecto sobre la falta de previsión de la ciudadanía a la hora de organizar sus gestiones, así como de los plazos que tienen los documentos para renovarse con antelación. Sin embargo, los sindicatos consideran «una dejadez de los gestores del organismo», y creen que es necesario poner de relieve es el hecho de que «ni desde el Ministerio del Interior, ni desde el propio organismo policial se haya puesto ningún tipo de remedio para dotar a estas oficinas del personal cualificado para las tareas administrativas que la ciudadanía merece, dejando año tras año sin cubrir las plazas de personal no policial que presta sus servicios en la Policía, y a las que se les encomiendan este tipo de labores, aumentando hasta sumar un total de casi 2.500 plazas vacantes, lo que supone que casi el 50% de los puestos de este tipo de plantilla están actualmente sin cubrir». «En estas condiciones resulta imposible ofrecer un servicio público ágil y de calidad en la tramitación de un tipo de documentación que todos los ciudadanos y las ciudadanas están obligados a tener en vigor», recalcan estos sindicatos.
Por otro lado, las organizaciones sindicales también señalan que existe un gran número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que la propia Dirección General está detrayendo de sus labores puramente policiales para destinarlos a labores de expedición, en una línea de gestión que arroja una balance negativo por partida doble: el déficit de estos efectivos en tareas que también resultan esenciales, como sucede con la seguridad ciudadana, así como el sobrecoste que supone destinar a agentes del CNP a oficinas de documentación en lugar de al personal administrativo de los Cuerpos Generales de la Administración General del Estado, cifrado en más de 140 millones de euros anuales según CSIF, UGT y CCOO.
