Los funcionarios de Justicia se han concentrado este martes ante la sede del PSOE en Valladolid, al ritmo del estruendo de una cacerolada, con la que han reclamado a los socialistas que presionen al Gobierno, para que presente una propuesta y negocie un acuerdo que ponga fin a la huelga. «Esta cacerolada pretende visibilizar el pucherazo que se quiere dar en la administración de Justicia, en la que un Gobierno clasista se reúne con sólo unos pocos para acordar subidas de sueldo sólo para ellos, mientras deja a los que cargan con la mayor parte del trabajo sin el reconocimiento de las funciones que desempeñan ni legal ni retributivamente», valora Juanjo Baciella, de CSIF.
«Un partido que se dice progresista, que sustenta un Gobierno que se dice progresista, tiene que asumir su responsabilidad, para decirle a su ministra de Justicia que no puede ser la más clasista que ha habido en el Ministerio, que no puede ser la ministra que únicamente ha negociado con jueces, fiscales y letrados, y que ha dado la espalda a todos los funcionarios de Justicia, que suponen el 93% de los trabajadores de la administración de Justicia. El PSOE tiene que mandarle al Gobierno un mensaje, que no puede desentenderse de la negociación colectiva de los funcionarios de Justicia, como lleva haciendo el Ministerio desde hace más de dos meses», ha afirmado el responsable de Justicia en CSIF Castilla y León.
Además de esta cacerolada, también habrá concentraciones de los funcionarios de Justicia, a lo largo de la semana, en los centros de trabajo de las distintas provincias de Castilla y León. Se da la circunstancia de que, si la ministra Llop no continúa tras la formación del nuevo Gobierno, al ser juez, habría acordado subirse el sueldo de manera directa, ironiza CSIF. El apoyo a la huelga por parte de los funcionarios «se mantiene en torno al 80%, y ello pese a las triquiñuelas del Ministerio, que ha convocado cursos de formación durante el periodo de paros, o que obliga a indicar que no se secunda la huelga en días de descanso por compensaciones horarias», detallan desde el sindicato.
Por su parte, Baciella remarca que «esperamos que el Ministerio de Justicia comience, de una vez, a negociar con los sindicatos”, señala Juanjo Banciella. “Aunque nos ha convocado a una reunión este martes, no vamos a bajar la guardia, puesto que la convocatoria llegó sólo después del endurecimiento de las medidas acordadas por el comité de huelga, que incluía una posible denuncia ante el Supremo contra la ministra de Justicia, por vulneración del derecho de libertad sindical». Además, añaden desde CSIF que «no cabe decir que el Gobierno está en funciones y no tiene capacidad de negociación. Lo primero, porque el Gobierno estará en funciones sólo una vez que se haya votado el próximo 23 de julio y deba formarse un nuevo Ejecutivo; y, en segundo lugar, porque si el conflicto sigue latente a estas alturas, es por la incomprensible negativa del Gobierno a negociar con los funcionarios de Justicia, que representan el 93 por ciento de los que trabajan en esta administración».
La huelga ha provocado ya la suspensión de más de 3.700 vistas y juicios en Valladolid, y del orden de unas 15.000 en toda Castilla y León; así como que haya más de 8.000 demandas en espera de tramitación sólo en Valladolid, o 18.000 escritos de proveer. Es un año judicialmente perdido, se lamenta Baciella, quien asegura que «muchos juzgados ya señalan para el verano de 2024». CSIF valora y agradece que, a lo largo de la última semana, los funcionarios de Justicia hayan recibido diversas muestras de apoyo de otros colectivos de profesionales de Justicia; o que, el pasado miércoles, las Cortes de Castilla y León votaran una proposición no de ley, con la única abstención del PSOE y Podemos, en la que apoyaban las reivindicaciones de los funcionarios de Justicia, a la vez que instaban al Gobierno de la nación a negociar.
