Hoy se ha celebrado la comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en la que Juan Carlos Suárez-Quiñones ha detallado el contenido del proyecto de presupuestos de las áreas de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que dirige, 823’63 millones de euros resaltando el fuerte incremento del 60’34%, en las competencias de las direcciones generales y un incremento del 41% en el sector público con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente y Fundación de Patrimonio Natural, hasta los 315 millones, en parte gracias a la contribución de los nuevos fondos europeos.
Casi 190 millones de euros de presupuesto en materia de vivienda y urbanismo. Este importe tiene su reflejo en todas y cada una de las áreas competenciales de la Consejería, destacando, en especial, el incremento de la dotación para la ejecución de proyectos en el área de Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio respecto al presupuesto de 2022, contando con una dotación total de 189 millones de euros.
Los proyectos que se financian con este presupuesto en términos globales sirven a la satisfacción de los siguientes ámbitos de actuación, como el mayor volumen de recursos se destina al área de vivienda, con una dotación de 148’6 millones de euros, de los cuales la DGVAOU gestionará 89’4 millones y SOMACYL 59’2 millones. El área de arquitectura contará con una dotación superior a 13 millones y el área de urbanismo y ordenación del territorio con un presupuesto total de 27’3 millones de euros.
La mejora de las condiciones de las ayudas al alquiler para jóvenes -hasta 35 años-, es la novedad principal de la convocatoria para 2023, que alcanzarán hasta el 60% de las rentas de alquiler anual -frente al 50% de la pasada convocatoria-, con independencia del municipio de empadronamiento, y que se elevarán hasta el 75% cuando los jóvenes residan en municipios de menos de 10.000 habitantes. «Una mejora», ha señalado el consejero, «que adopta la Junta de Castilla y León con presupuesto propio y que demuestra nuestra apuesta por generar oportunidades reales que hagan de nuestros pueblos un lugar atractivo para los jóvenes».
A esta mejora, la Consejería añade el Bono Alquiler Joven, con una dotación específica de 15 millones, para quienes tengan menos de 35 años, una fuente regular de ingresos inferiores a tres veces el IPREM. La ayuda para el pago del alquiler puede llegar hasta los 250 euros al mes durante dos años. Además, la Consejería pondrá en marcha el próximo año, con una dotación de 2 millones de euros, una nueva ayuda para jóvenes consistente en una línea de avales del préstamo hipotecario para facilitar la compra de vivienda en cualquier municipio, para jóvenes de hasta de 35 años con nivel de ingresos hasta cinco veces el IPREM y viviendas cuyo precio de adquisición no supere los 240.000 euros.
En cuanto al Parque Público de Alquiler Social de Castilla y León, la Consejería, a través de Somacyl, tiene prevista la construcción de viviendas protegidas en el modelo autonómico colaborativo ‘cohousing’ para alquiler joven, con una dotación de 22 millones, que permitirá elaborar los proyectos de ejecución e iniciar la construcción de gran parte de las promociones previstas. En el período 2022-2026 la Junta construirá con este programa 1.100 viviendas en 13 promociones, con una inversión total prevista de 115 M€.
«Se trata de viviendas en bloque en áreas urbanas, con una superficie útil de 60 m2, que construiremos en terrenos dotacionales cedidos por los ayuntamientos, con las que se trata de facilitar la independencia de jóvenes con un primer trabajo, en espacios colaborativos que mejoran la convivencia y se adaptan a los nuevos requerimientos de esta franja de población», explicó Suárez-Quiñones, en la comparecencia legislativa en las Cortes.
251 millones de euros para redes de calor con biomasa forestal y otras energías renovables, obras de ciclo hidráulico, recuperación ambiental. Respecto al área de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, el consejero anunció la disponibilidad de un presupuesto cercano a los 251’89 millones de euros, que se desarrollará en coordinación con otras consejerías y con otras administraciones, en torno a seis grandes líneas de actuación, el clima y los nuevos retos energéticos; la prevención y control ambiental; la gestión de residuos; la recuperación de las áreas degradadas; el ciclo del agua, y educación ambiental.
Suárez-Quiñones ha destacado que “el nuevo contexto energético, la circularidad en el uso de los materiales y los necesarios cambios en nuestro comportamiento como consecuencia del cambio climático plantean la absoluta necesidad de evolucionar hacia una nueva realidad, haciendo una transición positiva para nuestra economía y justa para los ciudadanos”.
Con este objetivo en 2023, el consejero ha anunciado el II Acuerdo del Diálogo Social para promover una transición justa frente al cambio climático, en colaboración con los agentes económicos y sociales; el impulso, desde Somacyl, a la utilización de la biomasa forestal, con una dotación de 48’9 millones de euros a la potenciación de las redes de calor, con 32’4 millones; y al desarrollo de proyectos que impulsen la transición energética, como la producción de hidrógeno verde y metanol, hibridación de fuentes renovables, almacenamiento energético y, especialmente, aquellos que supongan un aprovechamiento energético de los residuos, en especial, la producción de biogás. A esta línea de actuación en 2023 se destinará 7’8 millones.
A estas actuaciones, el consejero añadió las de recuperación y restauración ambiental de áreas mineras en León y Palencia, en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, para lo que se ha previsto una dotación de 47 millones financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR, y destinadas a León, 31’5 millones, y a Palencia, 15’5 millones, para abordar proyectos de restauración ambiental de antiguas explotaciones de carbón a cielo abierto, con lo que además se persigue la generación de empleo a corto plazo para trabajadores excedentarios de las empresas relacionadas con la minería y otros desempleados afectados directamente por los cierres; también proyectos de recuperación de suelos y zonas afectadas por la minería con impacto medioambiental grave, eliminando los riesgos asociados a la contaminación derivada de las explotaciones mineras.
