El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nula por segunda vez la Ordenanza Reguladora del Funcionamiento del Área Territorial de Prestación Conjunta de Valladolid aprobada el 4 de noviembre de 2020 en el Pleno del Ayuntamiento. Dicha Ordenanza engloba los servicios de transporte público de viajeros en autotaxi y ya anulada la anterior en noviembre de 2019. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCYL ha decretado la «nulidad radical» por incumplir el ordenamiento jurídico.
Como consecuencia, la Ordenanza queda sin efecto, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León impone las costas del proceso al Consistorio. La sentencia comenzó a raíz del recurso contencioso-administrativo de cinco taxistas que recurrieron la primera ordenanza, así como por una asociación del sector afectado y que consideraban la nulidad de la ordenanza por «inexistencia de diversos informes, algunos preceptivos y tramites de audiencia».
Asimismo, denunciaban la ausencia del informe de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla León, así como la ausencia de audiencia a los ayuntamientos integrantes del Área territorial de prestación conjunta de Valladolid y su entorno (APC), para los servicios de transporte público de viajeros en taxi y la delegación del ejercicio de facultades en esta materia en Valladolid.
Ante esta situación, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha cargado contra el alcalde Óscar Puente ya que, a su juicio, ha recibido «un nuevo varapalo judicial, que evidencia una vez más que tanto él como el equipo de Gobierno hacen las cosas mal y no trabajan lo suficiente». La presidenta de los populares, Pilar del Olmo, enfatiza en que esta sencia es un asunto «muy serio porque la Justicia ha tumbado de nuevo la Ordenanza Reguladora del Funcionamiento del Taxi en Valladolid y su entorno, debido a no ser conforme a derecho».
Del Olmo ha explicado que la sentencia se basa en que «faltan los requisitos de audiencia a los ayuntamientos integrantes del área territorial de prestación conjunta de Valladolid y su entorno, para los servicios de transportes públicos de viajeros en taxi, y la preceptiva consulta a las asociaciones u órganos de representación de las personas con discapacidad, que exige la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León».
Además, el Partido Popular de Valladolid ha recordado la sentencia de nulidad que sufrió esta misma Ordenanza en 2019 por «similares motivos y que al igual que ha ocurrido con el Plan de Movilidad, se le ocurrió al concejal Luis Vélez parchear el texto de la Ordenanza para ajustarlo a la legalidad, y lejos de conseguirlo ha obtenido otro varapalo judicial con condena en costas, que tendrán que asumir todos los vallisoletanos». En definitiva, ha apuntado la presidenta del Grupo Popular que este episodio judicial evidencia para ellos «una chapuza, tras chapuza, que no da seguridad a los ciudadanos, y menos a los taxistas y usuarios de este tipo de transporte».
«Es obvio que el Área de Movilidad del Ayuntamiento hace aguas, y que el alcalde no sólo atasca a los vecinos, sino que tiene atascada también a la Justicia. No podemos estar todos los días en los Tribunales, perdiendo y con condena en costas, porque esto lo pagamos todos los vecinos de Valladolid», ha dicho Del Olmo, quien ha recordado que «esto ya ocurrió en el pasado mes de junio cuando también el propio TSJ echó para atrás el Plan de In-Movilidad del Ayuntamiento, por lo mismo, la nulidad radical, por ser disconforme con el Ordenamiento Jurídico».
Por último, la presidenta del Grupo Municipal Popular considera que «esta continua serie de varapalos judiciales evidencia una falta de trabajo y acierto por parte del alcalde y su equipo, despreocupado por Valladolid y sus vecinos y más preocupado por mantener el bastón de mando». Además, recuerda que «el presidente de la Mancomunidad de Interés General (MIG) es Óscar Puente como alcalde de Valladolid, y prometió impulsar este instrumento para favorecer el transporte metropolitano, especialmente los servicios públicos como el taxi y el autobús. Esto demuestra que su presidencia es irrelevante. No ha impulsado la convocatoria de la MIG y ninguna comisión de trabajo, en este sentido, perjudicando su avance y prestación de servicios a los vecinos».
