En el próximo Pleno, que se celebrará el 8 de noviembre, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid instará al alcalde a cesar en sus funciones al concejal de Planeamiento y Recursos, Pedro Herrero. Así lo ha explicado su presidenta, Pilar del Olmo, quien señala a Herrero como «responsable directo del grave perjuicio que ha supuesto para las arcas municipales dejar de ingresar 3’5 millones de euros en el último lustro, a razón de 700.000 euros anuales, según las propias declaraciones de Óscar Puente en lo que respecta a los beneficios derivados de la explotación pública del aparcamiento de la Plaza Mayor».
El Ayuntamiento se encarga desde principios del presente ejercicio de la gestión de dicho aparcamiento, sin embargo, hubiese podido hacerlo antes si en la Junta de Gobierno celebrada el 15 de diciembre de 2016, transcurrido un año de la finalización de la concesión de la primera planta, no se hubiese dejado sobre la mesa, sin que se llegase a adoptar ningún tipo de resolución al respecto, el asunto incluido en el orden del día concerniente al Decreto nº 4296 relativo a la ejecución del Acuerdo de Pleno de 29 de diciembre de 1989, en virtud del cual se estableció la modificación de los términos de la concesión original del aparcamiento.
Posteriormente, se acordó en la Comisión de Gobierno, Hacienda, Recursos Humanos y Promoción Económica, celebrada el 7 de noviembre de 2019 remitir a la Comisión Especial de Seguimiento, Vigilancia y Control de la Contratación, presidida por el Grupo Popular y a instancias del mismo, toda la documentación del expediente de la concesión, así como las modificaciones del mismo que hubieran tenido lugar a lo largo del tiempo, y de cuantos antecedentes obraran en poder de la Administración municipal y sus organismos autónomos. Se puso en marcha así un proceso de estudio y revisión de la mencionada concesión con el propósito de restablecer la misma a la legalidad, no sin que el propio Pedro Herrero como presidente de la Comisión de Gobierno, Hacienda, Recursos Humanos y Promoción Económica pusiese trabas para remitir el citado expediente a la Comisión Especial de Seguimiento, Vigilancia y Control de la Contratación, y manifestase que no se daba tal situación anómala denunciada por el Partido Popular, a pesar de que había una concesión vencida desde 2015 y se continuaba haciendo uso de la explotación otorgada en concesión sin ampararse en título alguno.
A la nefasta tramitación del expediente de la concesión del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor por parte del concejal de Planificación y Recursos, que ha causado con la complicidad del resto del equipo de Gobierno un claro perjuicio a las arcas municipales, se suma la negligente e interesada gestión de Pedro Herrero en materia de Personal, razones todas ellas más que suficientes para que sea cesado de sus funciones, a juicio del Grupo Municipal Popular. En la sesión plenaria que se celebrará el próximo 8 de noviembre el Grupo Popular planteará una segunda moción con el fin de que se garantice la ejecución de la Ciudad de la Justicia, a pesar de las promesas incumplidas de PSOE y Valladolid Toma la Palabra en relación a este proyecto, a lo largo de sus siete años de Gobierno municipal. Una situación que, según Pilar del Olmo, «exige asumir responsabilidades políticas y pedir perdón a la ciudadanía por parte de los responsables de que se vea frustrada la construcción de unas instalaciones cada vez más necesarias».
En el último Pleno municipal, cuando sin duda el alcalde conocía el presupuesto destinado por el Estado a esta infraestructura, el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda afirmó que todo iba «bien» y los retrasos eran «los habituales» en este tipo de proyectos, menospreciando la labor de los representantes de los ciudadanos de Valladolid. Tan sólo un día después fue el propio Óscar Puente quien calificó como «tomadura de pelo» que el Ministerio de Justicia sólo contemplase 200.000 euros para el Campus de la Justicia y suspendiese toda tramitación relacionada con el mismo.
Es por ello que el PP en el Ayuntamiento, a sabiendas de la importancia del proyecto para la ciudad de Valladolid, instará al alcalde a que de forma inmediata retome las negociaciones con el Ministerio de Justicia, al objeto de que éstas finalicen con la firma de un convenio en el que se recojan, como mínimo, aspectos tales como el compromiso de ejecución del proyecto en plazos y el presupuesto efectivo para la realización de la Ciudad de la Justicia. También le instará a que se reúna de forma inmediata con los sectores afectados del ámbito judicial para ofrecer las explicaciones oportunas sobre la situación actual del proyecto, y a que se dirija a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado de España, para la presentación de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, incrementando la previsión para la Ciudad de la Justicia en un millón de euros.
