El Grupo Municipal del Partido Popular de Valladolid exigirá en el próximo Pleno mociones que promuevan la adopción de medidas destinadas a la reactivación de la construcción del Campus de la Justicia y la rehabilitación del Polígono Residencial 29 de Octubros. Proyectos, que a juicio de los populares, «se han visto lastrados en el tiempo por la nefasta gestión de PSOE y VTLP».
En lo que respecta a la Ciudad de la Justicia, hace ya casi ocho años que el actual equipo de Gobierno adoptó la decisión de «no materializar» el proyecto en la parcela cedida al Ayuntamiento de manera gratuita, fruto de la urbanización del Plan Parcial Villa del Prado, en el barrio de Girón, y en su lugar, emplazarlo en un lugar más próximo a las sedes judiciales. Con fecha 17 de julio de 2020 se inició un expediente mediante el que se planteó la posibilidad de adquirir la parcela del antiguo colegio El Salvador a través de una permuta con suelos municipales, con la intención de ubicar en ella la Ciudad de la Justicia, y en marzo de 2021 se archivaron las actuaciones llevadas a cabo para la realización de la citada permuta por «considerarse inviable» y se inició un nuevo expediente para determinar la conveniencia de la adquisición directa de esa parcela.
Tal y como relata el PP, el 1 de junio de 2021, en sesión ordinaria, la Junta de Gobierno adoptó el Acuerdo relativo a la adquisición directa de la parcela del antiguo colegio El Salvador a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A., la cual se materializó en el montante de 6.880.607 euros. El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio de Justicia firmaron un protocolo mediante el cual el Consistorio se comprometió a ceder las parcelas del antiguo colegio El Salvador y del espacio vacío del antiguo Hospital del Río Hortega para ubicar el Campus de la Justicia, y a cambio, el Ministerio de Justicia abordaría su construcción. De acuerdo con este protocolo, en 2023 se contempla que se produzcan la cesión y afectación de las parcelas, así como la licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la futura Ciudad de la Justicia.
«Han pasado prácticamente cinco meses desde la firma de este protocolo y la Ciudad de la Justicia sigue sin disponer de las parcelas, de proyecto, de presupuesto y de financiación», denuncia la portavoz del PP, Irene Núñez. Es por ello que el Grupo Popular afirma que «al objeto de dotar de transparencia al desarrollo del proyecto, reclamará en la sesión Plenaria al equipo de Gobierno la creación, en el plazo de siete días, de una Comisión de Seguimiento del mismo; que solicite de manera inmediata al Ministerio de Justicia que realice las modificaciones presupuestarias preceptivas para que la dotación aprobada inicialmente para la misma en los PGE 2023 se incremente hasta el millón de euros, y que se lleve a efecto la cesión de las parcelas comprometidas por el Ayuntamiento».
En otro orden de temas, el Partido Popular instará en el Pleno al Gobierno Local a que reabra «sin demora» la Oficina de Atención Social al Programa de Vivienda del 29 de Octubre e igualmente convoque la Mesa de Convivencia de Pajarillos para dar respuesta a la situación creada por la paralización del mencionado programa de rehabilitación, que consideran que «viene a certificar después de siete años la inoperancia de Óscar Puente y su equipo para solventar un proyecto no sólo residencial, sino también de alcance social con la eliminación de infravivienda en el barrio de Pajarillos».
Las actuaciones realizadas en la primera fase del proyecto, con un presupuesto de 4.243.644 euros, sólo alcanzaron a 138 viviendas de las 550 viviendas que se encuentran en el Polígono. Desde el PP recuerdan que la licitación de las obras para la segunda fase se llevó a cabo en febrero de 2023, con un presupuesto de 4.327.895 euros, y recientemente «hemos conocido que ha quedado desierta, de manera que la actuación sigue paralizada».
«No se ha llevado a cabo la rehabilitación de los edificios, ni tampoco hay grandes avances en el programa social, que mantiene elevadas cifras de absentismo escolar, por no mencionar la inseguridad ciudadana, los problemas de convivencia o el tráfico de sustancias nocivas para la salud», señala Irene Núñez. Por su parte, la Mesa de Convivencia Ciudadana que se constituyó en Pajarillos en junio de 2017 como el instrumento adecuado para desarrollar el trabajo social necesario «no ha vuelto a reunirse». De igual forma, y en favor de mejorar la convivencia y la seguridad en este barrio, en el Pleno dicho Grupo propuso la creación de una comisaría de distrito de la policía municipal en el colegio público Santiago López, que fue rechazada por la mayoría del Grupo Socialista y Valladolid Toma la Palabra.
